TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Bajo la figura de medidas cautelares distintas a la prisión, los seis garífunas detenidos el lunes tras un violento desalojo en Punta Gorda, Roatán, Islas de la Bahía, se defenderán en libertad, se informó este martes.
Tras comparecer en audiencia de imputados, el juez ordenó que los seis garífunas se defiendan en libertad.
Así lo confirmó el dirigente de la comunidad garífuna en Punta Gorda, Máximo Castro Molina, quien solamente estaba a la espera del documento que oficialice la resolución judicial.
Un grupo de garífunas que se apostaron en las afueras de los juzgados departamentales, dijeron que seguirán luchando por sus tierras.
Desde el gobierno, la presidente Xiomara Castro, aseguró que no fue informada sobre el violento desalojo contra miembros de la comunidad garífuna en el norte de Honduras, al tiempo que exigió la liberación inmediata de los detenidos.
“He solicitado informe del violento desalojo ordenado judicialmente. No fui informada previo a ejecutar el desalojo. Los garífunas reclaman justicia por sus tierras ancestrales. Esto debe ir a juicio no a desalojo que criminaliza derechos. Exijo libertad inmediata y respeto a DDHH”, escribió Castro en su red social de Twitter.
Sin embargo, dirigentes garífunas cuestionaron la postura de la mandataria Castro.
“La presidenta de la República (Xiomara Castro) alega que no tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, que no fue informada y que eso era ilegal. Presidenta, no debe alegar ignorancia, lo que ocurrió ayer (lunes) lo hizo la Policía y ellos están bajo su mando”, criticó el presidente de la Asociación de Afrodescendientes en el Valle de Sula, Héctor Castillo.
“Fue un violento desalojo que ejecutó la Policía, entendemos por orden judicial. Llegaron a la comunidad de Punta Gorda donde había vecinos haciendo posesión de sus tierras ancestrales y los desalojaron, algunos fueron arrojados a los carros de la Policía y seis de ellos fueron encarcelados”, condenó el dirigente garífuna.
El lunes de esta semana se ejecutaron agresiones y las detenciones de seis integrantes de la comunidad garífuna de Punta Gorda en Islas de la Bahía en el marco de un desalojo forzoso ejecutado por fuerzas policiales y militares.
