TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A criterio del exfiscal de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), el peruano Julio Arbizu, es positivo que una comisión internacional sea veedora del proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Desde su punto de vista, una comisión internacional con conocimiento de la realidad hondureña y del sistema de administración de justicia hondureño, puede ejercer una veeduría importante.
Una Misión Internacional de Observación llegará a Honduras esta semana para hacer una veeduría independiente al proceso de selección de los nuevos magistrados al Poder Judicial.
“Creo que eso es positivo; sin embargo, la última palabra corresponderá a los hondureños. Lo que pueda hacer una comisión mucho más si está encabezada por un personaje como Juan Jiménez Mayor, es garantizar que los estándares sean los correctos, y que efectivamente hay los filtros necesarios para que quienes pretenden acceder a estas magistraturas sean personajes idóneos, capacitados y puedan hacerle un bien a la administración de justicia hondureña”, expresó.
El abogado peruano dijo que sin duda esta es una de las condiciones que ha puesto la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para la instalación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción y la impunidad.
“Y me parece absolutamente lógico que se empiece a constituir un sistema de administración de justicia los suficientemente sólido para que pueda enfrentar uno o varios casos de mega corrupción que puedan ser monitoreados o dirigidos desde una visión internacional conjuntamente con el sistema de administración de justicia hondureño”, añadió.
CICIH
Arbizu manifestó que la exigencia para Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), tiene que ser multifocal, es decir, hay todavía unos pendientes importantes en cuanto a las instituciones hondureñas y administración de justicia.
Así como pendientes en el Congreso Nacional de la República de Honduras en temas de transparencia en el acceso a la información pública y la necesidad de aprobar una Ley de Colaboración Eficaz para desarticular las estructuras criminales.
