::: Son 21 diputados quienes habían sido acusados por delitos de corrupción desde diciembre de 2018 por la MACCIH y la UFECIC :::
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Se trata del caso conocido como Arca Abierta sobre la Asociación Planeta Verde, la defensa de estos diputados presentó recursos de apelación ante la sala de lo penal de la Corte Suprema de Justicia, misma que hoy determina dejar libres de toda responsabilidad penal y se les suspenden las medidas a quienes tienen auto de formal procesamiento.
Los favorecidos con esta resolución judicial son: Juan Carlos Valenzuela Molina, Gladys Aurora López Calderón, Gustavo Alberto Pérez Cruz, Welsy milena Vásquez López, Milton Jesús Oseguera, Carlos Humberto Bonilla Aguiriano, Adilia Rodríguez Rodríguez, Edwin Roberto Pavón León (QDDG), Hernán Enrique Murra, Fabricio Oseguera, Óscar Arturo Álvarez, Estela Lizeth Muñoz, Arnold Gustavo Castro Hernández, Ana Lucía Castro López, Dayana Lisbeth Talbott, José Alejandro Villatoro Zúniga, Indira Virginia Osorio Reyes, Ivett Salomé Navas Suazo, Geovany Castellanos Deras y Allan Adonis San Martín Vallejo.
De esta forma, los expedientes de 21 exdiputados han quedado limpios, como una de las últimas decisiones trascendentales que tomará esta Corte Suprema de Justicia que está pocos días de vacar en sus cargos.
El Caso
Los investigadores de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) tenían desde el 2016 en el radar a la Asociación Planeta Verde, una organización no gubernamental supuestamente utilizada para drenar fondos públicos en beneficio de algunos diputados en el 2015.
Según conoció el equipo de la Ufecic abrió una línea de investigación destinada a descubrir el uso final de una partida económica asignada a la ONG a solicitud de un grupo de congresistas en el 2015.
El equipo de fiscales e investigadores constató que el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) también efectuó una revisión al caso en noviembre del 2016, además recopilaron los documentos de soporte de asignación de fondos.
El dinero se depositó en la cuenta de la Asociación Planeta Verde y ascendía a 21.1 millones de lempiras, provenientes de Casa Presidencial (2 millones), del Congreso Nacional (3 millones) y de la Secretaría de Finanzas (16.1 millones). Después se trasladaron a las cuentas personales de varios congresistas y particulares, según la investigación.
Tras las indagaciones, la Ufecic procedió a decomisar el 28 de noviembre del 2017, dos días después de las elecciones generales, el expediente constitutivo de la asociación en la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (URSAC) de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
El documento secuestrado consiste en un expediente compuesto de 35 folios, donde consta toda la información referente a la Asociación Planeta Verde, con número de registro 2015000055.
La ONG fue ingresada al sistema de asociaciones civiles el 17 de febrero del 2015 mediante resolución 58-2015, siendo su apoderada legal Julia Isabel Rivera.
La ONG se constituyó con el objetivo de ‘satisfacer las necesidades espirituales, físicas, emocionales y educativas de los niñas y niñas de Honduras de escasos recursos a través de programas especiales’, según consta en la página 17 del diario oficial La Gaceta del 13 de mayo de 2018.Su permiso venció el 15 de mayo del 2018 y funcionó en un local de un centro comercial en la colonia Miramontes de Tegucigalpa.
La Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público de Honduras (UFECIC-MP) presentó el 11 de diciembre de 2018 ante la Corte Suprema de Justicia, un requerimiento fiscal contra cinco diputados y seis ex diputados hondureños, entre otros acusados, por el presunto delito de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras.
