- Los acusados, señalados por desviar fondos destinados a programas sociales mediante el esquema del “cheque video”, comparecen ante la justicia mientras continúan bajo arresto domiciliario.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
Los 12 imputados en el caso de presunto millonario fraude en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) comparecen este viernes a la audiencia inicial, en un proceso judicial que involucra a funcionarios y particulares señalados de desviar recursos públicos destinados a programas sociales, principalmente en el departamento de Copán.
Entre los acusados figuran la diputada Isis Cuéllar y el exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, así como Luis Manuel Fernández García, Jennifer Nazareth Martínez Suazo, José Manuel Cerrato Villanueva, Eliud Reiniery Aguilar Pineda, Rossy Yanira Ramírez Gonzales, Casandra Gáleas Arias, Fabricio Solórzano, Ilse Baquedano y Paola Pérez.
A ellos se suma Mirza Sánchez Maradiaga, quien la noche del jueves se presentó voluntariamente ante las autoridades. Todos los imputados permanecen bajo la medida de arresto domiciliario.
El Ministerio Público les atribuye delitos de fraude vinculados al manejo de recursos del Fondo de Administración Solidaria, bajo la sospecha de que los fondos no llegaron a los beneficiarios previstos y habrían sido desviados mediante intermediarios y estructuras irregulares.
El caso, conocido públicamente como el del “cheque video”, surgió tras la difusión de un material audiovisual en el que la diputada Isis Cuéllar conversa con el entonces ministro Cardona y confirma el uso de cheques provenientes de fondos públicos para actividades relacionadas con la campaña electoral del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre).
En la grabación, la congresista detalla la entrega de kits valorados en aproximadamente 125 mil lempiras cada uno, que incluían equipos de sonido, sillas, mesas, carpas y material promocional destinado a coordinaciones partidarias, señalando que los cheques eran cambiados por personas de confianza antes de la distribución de los recursos.
La revelación del video provocó la salida de Cardona del cargo ministerial y anuncios partidarios de sanciones internas contra Cuéllar; sin embargo, la diputada ha continuado ejerciendo su actividad política mientras el proceso judicial avanza.
El requerimiento fiscal presentado el lunes incluyó orden de captura contra Cuéllar, Cardona y otras diez personas, marcando uno de los casos recientes más sensibles en el manejo de fondos sociales, en medio de crecientes cuestionamientos sobre el uso político de recursos públicos destinados a programas de desarrollo económico y social.
