TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las nueve mujeres imputadas por la masacre en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), donde murieron 46 reclusas, se presentan hoy a la audiencia inicial.
El Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra nueve integrantes de la pandilla 18 presuntas responsables del crimen de 46 mujeres que guardaban prisión en la cárcel femenina, cuyos crímenes ocurrieron el 20 de junio de 2023.
Las pandilleras acusadas fueron identificadas como Claudia María Lemus Aceituno, Lesbia Ondina Rodríguez Orellana, Cherry Darling Guevara, Heidy Jackeline Palma Rivera, Karen Lorena Ávila Pavón, Leyla Rosmeri Figueroa Pavón, Susana Godoy Leiva, Arleny Sarai Guerra Portillo y Francis Margarita Chavarría Ávila, todas ellas guardan prisión actualmente.
La acusación es por los delitos de asociación para delinquir, asesinato, asesinato en su grado de ejecución de tentativa inacabada, incendio cualificado, porte ilegal de arma de fuego prohibido y porte de arma de fuego permitida.
De acuerdo a las diligencias dirigidas por la Sección de Muertes Cometidas por Estructuras Criminales Organizadas de la FEDCV en conjunto con la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el hecho criminal ocurrió a eso de las 7:45 de la mañana, en una hecho planificado las acusadas que permanecían en los módulos 6 y 7, utilizaron armas de fuego de diferentes calibres, entre prohibidas y permitidas, objetos punzocortante y contundentes, para someter a cuatro policías penitenciarias, despojándolas de las llaves de los módulos y de los tableros con listados de la población penitenciaria.
Acto seguido las obligaron a ponerse boca abajo y luego las encerraron dentro del módulo 6 para proceder a ingresar a los otros espacios donde estaba el resto de la población penitenciaria, mientras esto acontecía, otro grupo de las privadas de libertad de la pandilla 18 se dirigieron a los módulos 1 al 4, en donde se encontraban las mujeres que pertenecen a la mara Salvatrucha (MS-13), golpeando con una almágana los candados de los módulos hasta lograr entrar.
Las acusadas y sus acompañantes deshabilitaron las cámaras de seguridad del recinto penal y como resultado de una planificación y de un actuar en conjunto, de manera sorpresiva procedieron a darle muerte a 23 privadas de libertad.
Mientras tanto, otras 23 reclusas al escuchar las detonaciones de armas, en un intento por salvar sus vidas cerraron el hogar número 1 del módulo 1, para evitar que sus agresoras ingresaran, sin embargo, al ver que no podían entrar, rociaron un líquido inflamable y les prendieron fuego. Las víctimas no pudieron salir del sitio, ya que desde afuera las acusadas les disparaban, lo que provocó que perdieran la vida, algunas calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.
Para cometer los ilícitos, las nueve acusadas obtuvieron desde el exterior del centro penal, armas de fuego, como: 11 pistolas de distintos calibres (9 milímetros, 380 y 45 milímetros), también se detectaron armas de uso prohibido, entre ellas: fusiles, subametralladoras y un arma de fuego perteneciente a la Policía Nacional, mismas que fueron recolectadas al interior de la penitenciaría.
Las investigaciones en este caso continúan su curso a fin de individualizar a otras presuntas participantes de estos crímenes, para lo cual se trabaja en distintas pericias técnicas y científicas.
Ante la presentación a la audiencia inicial en los juzgados antiextorsión, las autoridades policiales han implementado varios anillos de seguridad por lo que un tramo de la calle en el bulevar Los Próceres se encuentra cerrado.
Dicha acción mantiene gran tráfico vehicular por la zona, los anillos de seguridad serán desinstalados una vez que concluya la audiencia.
