- La decisión, tomada en los últimos días de la administración de Libre, deja compromisos laborales al próximo gobierno y abre debate sobre su impacto fiscal y político
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
En la recta final de su mandato, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro aprobó la personería jurídica de cinco nuevos sindicatos en instituciones estratégicas del Estado, una medida que ha generado cuestionamientos por el momento político en que fue adoptada y por las obligaciones que hereda a la siguiente administración.
La autorización fue publicada en el diario oficial La Gaceta, número 37,051, fechado el viernes 23 de enero de 2026, apenas días antes del cambio de gobierno.
Los nuevos gremios corresponden a trabajadores de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), la Secretaría de Energía (SEN), la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), la Administración Nacional de Servicio Civil (ANSCL) y el Programa Ciudad Mujer.
El ministro del Trabajo, Wilmer Javier Fernández, confirmó que las organizaciones ya fueron inscritas en el libro oficial de organizaciones sociales, lo que les concede reconocimiento legal pleno y las faculta para ejercer derechos como la negociación colectiva, la defensa laboral y la participación institucional.
Decisión de cierre que compromete al próximo gobierno
Con esta resolución, los trabajadores de dichas dependencias obtienen representación legal formal, cuyos derechos deberán ser reconocidos y respetados por el gobierno entrante de Nasry Asfura, quien asumirá el poder este martes 27 de enero.
Sin embargo, el hecho de que la aprobación se haya concretado en los últimos días de la administración del partido Libre ha encendido el debate público.
Sectores críticos advierten que la legalización acelerada de sindicatos en áreas sensibles —como finanzas, energía y programas sociales— podría traducirse en presiones presupuestarias, rigideces administrativas y compromisos laborales que el nuevo gobierno no participó en negociar.
Derechos laborales vs. oportunidad política
Desde el oficialismo saliente, la medida es presentada como un fortalecimiento del marco de derechos laborales y de la libertad sindical en el sector público.
No obstante, analistas señalan que, más allá del discurso de protección a los trabajadores, la decisión también puede interpretarse como un movimiento político que busca dejar estructuras organizadas con capacidad de presión dentro del aparato estatal.
El reto para la próxima administración será equilibrar el respeto a los derechos adquiridos de los trabajadores con la sostenibilidad fiscal y la gobernabilidad institucional, en un contexto donde el país enfrenta ajustes económicos y promesas de racionalización del Estado.
Así, la aprobación de estos cinco sindicatos no solo marca el cierre del ciclo del gobierno de Xiomara Castro, sino que abre un nuevo frente de discusión para el gobierno entrante, que deberá administrar compromisos heredados en un escenario político y financiero complejo.
