TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Un informe del Proyecto de Localización de Conflictos Armados y Datos de Sucesos (Acled, por sus siglas en inglés) concluye que, en comparación con el régimen de excepción implementado en El Salvador para combatir las maras y pandillas, la versión en Honduras ha arrojado escasos resultados, en el caso de Honduras la extorsión pasó de un 9% a un 11%.
Según el informe de Acled, el estado de emergencia utilizado como medida para reducir la violencia derivada de estructuras criminales en Honduras, «ha dado resultados desiguales» y la violencia contra la población civil «no ha disminuido».
La información de Acled, registrada por InSight Crime, señala que la violencia en Honduras se ha extendido más allá de los focos tradicionales de las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, posiblemente debido al «aumento de la presión sobre las pandillas en las zonas urbanas más pobladas debido a las frecuentes operaciones de las fuerzas del orden».
Aumento de extorsión
El combate a la extorsión que ejercen las maras y pandillas es una de las razones por las que Honduras implementó el estado de excepción. Sin embargo, este delito se ha propagado incluso en las zonas rurales del país, según los datos divulgados por la Asociación para una Sociedad más Justa, (ASJ).
El mismo hallazgo fue compartido por Acled con InSight Crime. Andreas Daugaard, autor del informe de la organización, afirma: «La extorsión ha subido este año, en lugar de bajar».
Daugaard señala que, mientras el 9 por ciento de la población hondureña se vio afectada por la extorsión durante 2022, esa cifra ha aumentado al 11 por ciento este año. Esto contrasta con El Salvador, que, durante dos años de régimen de excepción, ha logrado combatir casi por completo ese delito.
No obstante, el informe de Acled manifiesta que, a pesar de los logros obtenidos en El Salvador en la disminución de delitos cometidos por estructuras criminales, ha tenido un costo, como denuncias contra el Estado por torturas y violaciones de los derechos humanos dentro y fuera de las cárceles.
A pesar de la información proporcionada por la Policía, organizaciones como la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) critican la baja judicialización de las más de 5,000 personas de estructuras criminales vinculadas a maras y pandillas detenidas hasta octubre pasado.
El estado de excepción que entró en vigencia en Honduras el 6 de diciembre de 2022, suspende parcialmente algunas garantías constitucionales, como la libertad de circulación, el derecho de asociación y reunión, y la inviolabilidad del domicilio.
Inició en las ciudades de Tegucigalpa, Francisco Morazán (centro) y en San Pedro Sula, Cortés (norte) y posteriormente se extendió a 158 de los 298 municipios del país.
La medida ha sido extendida hasta el 1 de enero de 2024, según la Policía Nacional, debido a los buenos resultados obtenidos. Hasta octubre de 2023, la violencia dejó unas 2,306 víctimas mortales, 455 menos que las 2,761 reportadas en el mismo período de 2022.
