TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A menos de un mes para que venza el memorándum de entendimiento entre el Gobierno de Honduras y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la instalación de la esperada Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH) sigue sin concretarse, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores de la sociedad civil.
Para el director ejecutivo del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), Gustavo Irías, la principal responsabilidad de este estancamiento recae en el Congreso Nacional (CN), debido a su falta de acción en la aprobación de reformas legales necesarias para la llegada de la misión internacional.
“Hay un gran déficit en el cumplimiento de las reformas que se requieren para firmar el convenio”, expresó Irías. Entre los cambios clave, mencionó la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la regulación del juicio a altos funcionarios y reformas sustanciales al Código Procesal Penal.
Las declaraciones de Irías se producen en un contexto de creciente escepticismo sobre la voluntad real de los actores políticos. Algunos sectores denuncian que podría existir un pacto no declarado entre el oficialismo y la oposición para bloquear la instalación de la CICIH, temerosos de que esta pueda investigar a actuales y antiguos funcionarios.
“El problema no es técnico, es político. Si existiera voluntad real, estas reformas podrían aprobarse en cuestión de días. En realidad, depende del Congreso Nacional; de ellos depende la instalación o no de esta misión internacional”, enfatizó el director de CESPAD.
El memorándum de entendimiento entre el Gobierno hondureño y la ONU, firmado en diciembre de 2022, tenía como objetivo establecer las bases para una comisión independiente que colaborara en la lucha contra la corrupción y fortaleciera las capacidades del Ministerio Público. Sin embargo, a falta de avances concretos, su vencimiento plantea dudas sobre si el proyecto podrá avanzar o quedará, como otros en el pasado, en promesas incumplidas.
