FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La actual crisis institucional entre el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) representa una grave amenaza al Estado de derecho y a la supremacía constitucional en Honduras, señaló la abogada constitucionalista, Ruth Lafosse.
Las declaraciones de Lafosse, surgen luego de la decisión del CNE de no acatar un fallo firme del TJE sobre la inscripción del candidato Jorge Cálix y Cristian Villalobos.
Especificó que, “lo que estamos viviendo, la sensación que tenemos, es que la ley está muriendo frente a nuestros ojos. No encuentro las palabras para describirlo; ruptura institucional sin precedentes”.
Detalló que, el TJE es el único órgano creado constitucionalmente para impartir justicia electoral, y que su desacato por parte del CNE constituye una violación directa al principio de supremacía constitucional, contemplado en los artículos 320 y 321 de la Carta Magna.
Asimismo, subrayó que, “cuando el Consejo Nacional Electoral no cumple con un fallo firme del Tribunal de Justicia Electoral, comete una violación directa al principio de supremacía constitucional. Esa omisión puede derivar en responsabilidades administrativas o penales, según corresponda”.
Remarcó que, la obediencia a una resolución judicial firme no se discute ni se delibera, y que negarse a cumplirla equivale a usurpar competencias de un poder jurisdiccional.
Puntualizó que, “la obediencia no se discute, la obediencia no se delibera; se cumple. Si no se cumple, prácticamente se está usurpando el poder. En esta crisis electoral se está extinguiendo, de alguna manera, el derecho de quienes exigieron su participación en el proceso”.
Reflexionó que, el desacato al TJE podría incluso constituir un delito contra la forma de gobierno, al alterar el orden constitucional y el principio de soberanía popular establecido en el artículo 2 de la Constitución, que prohíbe a cualquier autoridad delimitar, extinguir o usurpar el poder soberano del pueblo.
Concluyó que, el país atraviesa un momento crítico y que la única salida posible es el respeto irrestricto al orden constitucional y a las resoluciones judiciales porque, aunque las mismas no gusten si son dictadas por un tribunal deben cumplirse, como base mínima de la convivencia democrática.
