- Marcela Caro afirma que el informe enviado por la administración de Xiomara Castro fue determinante en la decisión de Estados Unidos y cuestiona la falta de gestiones diplomáticas para extender la protección migratoria.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La abogada especialista en temas migratorios Marcela Caro responsabilizó directamente al gobierno de la expresidenta Xiomara Castro por la cancelación definitiva del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños, confirmada el 9 de febrero de 2026 por el Gobierno de los Estados Unidos.
Según la jurista, la decisión estadounidense —anunciada inicialmente el 8 de septiembre de 2025— se sustentó, entre otros factores, en el informe presentado por la administración anterior, en el cual se señalaba que Honduras estaba en condiciones adecuadas para recibir a sus ciudadanos, argumentando mejoras en seguridad, empleo, estabilidad económica y capacidad institucional.
Caro sostuvo que dicho informe fue determinante para que las autoridades estadounidenses concluyeran que ya no existían las condiciones que justificaran la continuidad del TPS, lo que ahora impacta directamente a miles de familias hondureñas radicadas en ese país.
“La historia es clara: el gobierno de Xiomara Castro no defendió a la diáspora hondureña, y hoy las consecuencias las paga nuestra gente”, expresó la especialista en un pronunciamiento público, en el que además cuestionó la falta de gestiones diplomáticas orientadas a negociar una extensión del programa o un período de transición que protegiera a los beneficiarios.
La abogada también criticó que, a su criterio, no existió una estrategia sostenida de negociación con Estados Unidos para mantener la medida migratoria, señalando que la Cancillería y la administración gubernamental “fallaron rotundamente” en la defensa de los intereses de los hondureños en el exterior.
Asimismo, planteó que cualquier intento futuro de recuperar algún mecanismo de protección migratoria deberá formar parte de una agenda diplomática sólida del actual gobierno encabezado por el presidente Nasry Asfura, si este decide priorizar el tema dentro de su política exterior.
Más allá del debate político, Caro recomendó a los hondureños que fueron beneficiarios del TPS buscar asesoría legal con abogados de migración acreditados, debido a que cada caso requiere atención individualizada frente a los cambios en su estatus migratorio.
La especialista añadió que la cancelación del TPS también evidencia la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales con Estados Unidos, impulsar la generación de empleo en el país, atraer inversión extranjera y mejorar las condiciones económicas internas, con el fin de reducir la migración forzada y la dependencia de programas temporales.
La confirmación de la cancelación del TPS marca un nuevo escenario migratorio para la comunidad hondureña en Estados Unidos, abriendo un debate nacional sobre las responsabilidades políticas y diplomáticas que influyeron en la pérdida de esta protección migratoria y los retos que enfrenta ahora la diáspora para regularizar su situación.
