• Aseguran que el proceso no busca cárcel, sino destitución e inhabilitación del consejero del CNE
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El profesional del derecho Héctor Pérez aseguró que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, enfrentará un juicio político desde el Congreso Nacional, un proceso que —según afirmó— no tiene como objetivo enviarlo a prisión, sino separarlo del cargo e impedir su futura participación en el órgano electoral.
Las declaraciones surgen luego de que Ochoa denunciara públicamente que se pretende aplicar en su contra un “juicio político espurio”, señalamiento que fue desestimado por el analista, quien considera que se trata de una estrategia para evadir responsabilidades.
“Lo real no es meterlo preso ni matarlo, es encontrarlo culpable y destituirlo como principal objetivo”, sostuvo Pérez, al tiempo que insistió en que el proceso busca además inhabilitarlo para que no pueda optar nuevamente a un cargo dentro del CNE en futuros procesos electorales, particularmente de cara a 2029.
El abogado fue más allá al cuestionar la postura del funcionario electoral, argumentando que este tipo de denuncias responden —según su criterio— a una práctica recurrente en sectores políticos afines a ideologías de izquierda.
Como ejemplo, mencionó episodios protagonizados por figuras del oficialismo, como el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y la diputada Silvia Ayala, quienes en su momento denunciaron supuestos atentados.
“Son formas desesperadas de querer defender lo indefendible. El pueblo hondureño y la comunidad internacional saben del daño que Marlon Ochoa le causó al proceso electoral”, expresó.
Señalamientos sobre el proceso electoral
Pérez también aseguró que durante las elecciones generales de noviembre y diciembre, la declaratoria de resultados se logró gracias a la presión de la comunidad internacional, y no por voluntad interna, al tiempo que acusó al partido Libertad y Refundación (Libre) de haber tenido intenciones de alterar el proceso.
Incluso, señaló supuestos intentos de sabotaje vinculados al material electoral, afirmaciones que no han sido confirmadas oficialmente, pero que reflejan el alto nivel de confrontación política en torno al tema electoral.
Asimismo, criticó el comportamiento de Ochoa dentro del CNE, señalándolo de haber generado tensiones con las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, lo que, a su juicio, evidencia una conducta inapropiada para un funcionario de alto nivel.
Juicio político como precedente
El abogado destacó que el impulso de este proceso cuenta con respaldo desde sectores del Congreso Nacional, incluyendo al jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, quien ha manifestado la necesidad de aplicar esta figura para sentar un precedente institucional.
“Este juicio político debe marcar un antes y un después, porque no se puede permitir que funcionarios utilicen el poder para obstaculizar procesos electorales que están protegidos por la Constitución”, subrayó.
Fiscal general queda fuera del escenario
En contraste, Pérez afirmó que el fiscal general, Johel Antonio Zelaya, no será sometido a juicio político, asegurando que se respetará el tiempo restante de su mandato.
Según explicó, el funcionario ha mostrado un “cambio de actitud” en su gestión, lo que habría incidido en esta decisión.
Asimismo, mencionó a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, señalando que tampoco enfrentará este mecanismo tras acuerdos políticos que, según indicó, evitaron una confrontación institucional.
Finalmente, el abogado fue enfático al afirmar que el juicio político contra Marlon Ochoa será el primero en aplicarse bajo el actual contexto político, marcando —según su visión— un precedente en la institucionalidad hondureña.
No obstante, el proceso ya genera debate, en medio de acusaciones cruzadas que reflejan la creciente tensión en el escenario político nacional.
