- Leonel Núñez denunció que Canal 8, la Radio Nacional, el canal del Congreso y el canal de las Fuerzas Armadas transmiten propaganda oficialista con recursos públicos.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El abogado Leonel Núñez amplió este lunes su denuncia contra el uso indebido de medios estatales al presentar nuevos medios de prueba ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), los cuales evidenciarían la transmisión de propaganda política en favor del oficialismo.
Núñez explicó que ha recibido videos y enlaces enviados por ciudadanos que alertan sobre transmisiones de carácter político en el Canal 8, incluyendo conversatorios y spots emitidos en vivo.
“Un canal del Estado es para transmitir lo bueno que está haciendo el Gobierno y no propaganda política”, cuestionó el letrado, calificando la práctica como un “descaro total”.
El abogado también señaló que esta conducta irregular no se limita a Canal 8, sino que se ha replicado en otros medios estatales como el canal de las Fuerzas Armadas, la Radio Nacional de Honduras y el canal del Congreso Nacional, todos financiados con recursos del Estado.
Denuncia admitida por el CNE
De acuerdo con Núñez, la denuncia ya fue admitida y actualmente está en proceso de análisis legal dentro del CNE, lo que podría derivar en sanciones administrativas y hasta judiciales contra los funcionarios responsables.
Entre las posibles consecuencias, el abogado mencionó multas que oscilan entre 20 y 100 salarios mínimos, despidos de los directores de los medios implicados e incluso la apertura de procesos por delitos electorales o abuso de autoridad.
“Es un descaro total que tiene mucha gente sin darse cuenta de las consecuencias. La propaganda política no puede seguir usando recursos del Estado”, advirtió Núñez, insistiendo en que los medios públicos deben servir a la ciudadanía y no a intereses partidarios.
Finalmente, adelantó que, de confirmarse la denuncia, el CNE deberá proceder a despedir a los directores de los medios estatales involucrados y aplicar las sanciones correspondientes, para garantizar que los canales del Estado no continúen siendo utilizados como plataformas de propaganda política en el marco electoral.
