TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La posible adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú supone una oportunidad para proteger a los defensores del medioambiente y alcanzar la justicia ambiental en el país, señalaron este miércoles diplomáticos y funcionarios en un foro que se celebró en Tegucigalpa.
«Es clave que Honduras se adhiera al Acuerdo de Escazú, porque es un instrumento que brinda herramientas, oportunidades y elementos para avanzar en términos de justicia ambiental y en la protección de personas defensoras», dijo a Efe la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Isabel Albaladejo.
La alta funcionaria de la ONU lamentó que los defensores de derechos humanos y del medioambiente en Honduras hayan sido «criminalizados, atacados y en muchos casos asesinados» por defender la tierra.
«Quienes defienden la tierra, los recursos naturales y el futuro de las generaciones son quienes están más afectados por los ataques», agregó.
El Acuerdo de Escazú, señaló Albaladejo, es «una oportunidad única para seguir avanzando en la dirección correcta y, sobre todo, no solamente en la adhesión en la futura implementación».
Indicó además que el acuerdo impulsa el acceso a la información, la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, y fue adoptado el 4 de marzo de 2018 en el municipio de Escazú, Costa Rica.
La falta de información en materia medioambiental ha caracterizado «lamentablemente» muchos de los proyectos desarrollados en el país centroamericano, dijo la titular de la Oacnudh.
HONDURAS, EL PAÍS MÁS PELIGROSO PARA LOS DEFENSORES
Honduras registra «altos niveles de ataques contra personas defensoras del medioambiente y es uno de los países más peligrosos del mundo para defender el medioambiente, la tierra y el territorio», enfatizó.
Según la Oacnudh, Honduras registra unos 120 casos de ataques contra defensores, de los que el 75 % corresponde a activistas del medioambiente y el territorio.
«Es clave avanzar hacia la protección y también en términos de acceso a la información y la participación ciudadana, porque lamentablemente esos ataques contra personas defensoras se han dado a partir de la profundización del modelo extractivista en el país», señaló la diplomática.
En su opinión, el modelo económico de Honduras «ha priorizado lo extractivo y lamentablemente no se ha traducido en beneficios económicos y sociales, sino en mayores niveles de desigualdad, por lo que es clave avanzar hacia un modelo que sea realmente equitativo y sostenible y permita generar beneficios para todas las personas en el país».
Albaladejo dijo que ve «voluntad institucional» para que Honduras adopte el Acuerdo de Escazú y espera que se adhiera «en el corto plazo».
Desde la Oacnudh «estamos a favor del desarrollo, pero no puede ser un desarrollo basado únicamente en el modelo extractivo que se ha traducido en un alto costo en vidas humanas, pero también ha traído mayores niveles de desigualdad y pobreza», afirmó.
OPORTUNIDAD PARA PROTEGER A DEFENSORES
El vicecanciller hondureño, Gerardo Torres, expresó que Honduras es el «país más violento del mundo para ser ambientalista», y que el Acuerdo de Escazú representa «una enorme oportunidad» para planificar y promover estrategias a favor de los defensores.
«Hay resistencia al Acuerdo de Escazú, no se los voy a negar, y tenemos que ver cómo avanzamos de manera coordinada para lograr esa justicia ambiental», enfatizó.
Torres indicó que el objetivo político del Gobierno que preside Xiomara Castro es la adhesión de Honduras al Acuerdo de Escazú, pero eso debe estar enmarcado en «una estrategia muchísima más grande que nos incluya a todos».
El embajador de la Unión Europea (UE), Jaume Segura, dijo que el Acuerdo de Escazú «contiene disposiciones vinculantes para la protección de los derechos de los defensores del medioambiente y de derechos humanos».
Abogó por el reconocimiento de la labor de los defensores de los derechos ambientales en uno de los «países más peligrosos» para los activistas.
Segura destacó además la necesidad de garantizar «un entorno seguro» para que los defensores puedan realizar su labor en un ambiente «tolerante, de justicia y respeto». EFE
