TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Corte de Apelaciones en materia de corrupción resolvió admitir la solicitud de antejuicio en contra de la jueza de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández.
La resolución autoriza al Ministerio Público presentar una acción penal en contra de la jueza a título de coautora por un supuesto delito consumado de prevaricato judicial en perjuicio de la administración de justicia del Estado hondureño.
Asimismo, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción emplazó por un plazo de tres días hábiles a la jueza para que rinda informe sobre la acción de antejuicio.
El informe debe presentarse ante la Corte de Apelaciones Segunda de lo Civil de Francisco Morazán, según el Poder Judicial.
Por otro lado, la Corte de Apelaciones en materia de corrupción se declaró incompetente para dar una resolución de la solicitud de antejuicio y considera como competente a la Corte de Apelaciones Segunda de lo Civil de Francisco Morazán.
La semana pasada, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) promovió una solicitud de antejuicio en contra de la juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Irisabel Lucía Miranda Hernández.
El caso está relacionado a una resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), en la cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares, pero la CSJ denegó esa resolución.
Aunque la jueza reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que hasta ahora ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
