TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) recomendó este domingo a las autoridades hondureñas realizar una profunda y exhaustiva investigación que permita dar con los responsables de la muerte violenta de más de un centenar de defensores de los derechos, que perdieron la vida en circunstancias violentas, desde el año 2014 y, cuyos crímenes se mantienen impunes en más del 95 % de los casos.
La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos es alarmante, se estima que, desde el año 2014, al menos, 135 personas que se dedican a esa actividad humanitaria, perdieron la vida violentamente, sin que se conozcan, en la mayoría de los casos, a los responsables ni las causas que motivaron esos crímenes.
Entre el 2021 y lo que va del 2023, alrededor de 40 defensores de los derechos humanos han muerto bajo esa circunstancia, la mayoría de ellos dedicados a la defensa de los pueblos aborígenes, la tierra, los territorios, las personas LGTBI, así como defensores del ambiente.
De esta radiografía de la inseguridad para los defensores de los derechos humanos en Honduras, 11 perdieron la vida en el 2021, un año después 18 y, en lo que va del 2023, alrededor de una docena.
Durante este mismo periodo, 12 de los 18 departamentos del país fueron escenario de la muerte de defensores de los derechos humanos, de los cuales, el 60 % se registra en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro.
Muchos defensores de los derechos humanos, en Honduras, son también objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, judicialización, atentados, detenciones, hostigamiento, agresiones físicas, represión, difamación, secuestros e incluso su desaparición.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, condenó que Honduras continúa siendo uno de los países del continente más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.
Señaló que, la impunidad de los asesinatos y de otros delitos cometidos contra los defensores de derechos humanos alimenta aún más la violencia en contra de ellos.
La criminalización de los defensores tiene un efecto intimidatorio no solo para ellos, sino que, para la misma sociedad, indicó.
Agregó que muchos tienen que dedicar cada vez más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad.
Considera urgente y necesario adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos y asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación.
Defensores de la tierra, los territorios
y los pueblos aborígenes los más afectados
Las amenazas que enfrentan los pueblos indígenas están intrínsecamente ligadas a la defensa de sus tierras y su entorno cercano. La comunidad Lenca, Tolupán, Garífunas, Chortí, Pech y Misquito que tratan de proteger sus tierras ancestrales se enfrentan a menudo a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial.
El último suceso ocurrió el pasado 28 de mayo con el caso del defensor de derechos humanos y líder de la comunidad garífuna del Triunfo de la Cruz, Martín Morales Martínez encontrado muerto, en el rio Gama, tras haber sido reportado, un día antes, por su familia, como desaparecido.
Morales era integrante del Comité y la Comisión para la ejecución de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de la Comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz por violaciones a los derechos humanos y a la propiedad colectiva de la comunidad. También fue integrante del Comité de Defensa de la Tierra (CODETT) de la misma comunidad.
Entre el 2016 y el primer semestre del 2022, el Conadeh atendió a 39 personas garífunas, 23 lencas, 19 misquitos, 12 Pech, 10 tolupanes, 2 tawahkas y 2 del pueblo Maya Chortí, que denunciaron estar en situación de riesgo o que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
De los 107 casos atendidos, 69 que representan el 64%, están en situación de riesgo, mientras que 38, equivalente a un 36%, como víctimas del desplazamiento forzado, la mayoría asociadas a causas como el despojo de tierras y propiedades, así como asesinatos de parientes, lesiones y amenazas.
La Defensora del Pueblo recomendó al Estado hondureño tomar las medidas de protección necesarias para detener los desplazamientos de personas que forman parte de los pueblos indígenas, campesinos y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra.
El grupo de mayor afectación, según las denuncias atendidas por el Conadeh, son los garífunas y los motivos están estrechamente relacionados a la lucha por la tenencia de la tierra, bienes comunes y la naturaleza ancestral.
El Conadeh también recordó el hecho ocurrido el 18 de julio de 2020 con la desaparición de cuatro defensores garífunas, en la comunidad del Triunfo de la Cruz, sin que hasta la fecha se sepa su paradero o sin que haya avances por parte del Ministerio Público en las investigaciones.
