TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, general Roosevelt Hernández, han encendido las alarmas en diversos sectores democráticos del país. Al afirmar públicamente que las Fuerzas Armadas de Honduras son “un instrumento del poder político” y que están llamadas a ejecutar las políticas públicas del gobierno en turno, el alto mando castrense ha desatado una ola de críticas y advertencias sobre un posible desvío institucional que amenaza el orden constitucional.
En una entrevista ofrecida esta semana al canal UNETV, el general Hernández sostuvo que la institución armada está subordinada al poder político y cumple el rol que el gobierno le asigne.
Para él, las FFAA no deliberan ni toman decisiones propias, sino que actúan como ejecutoras de las políticas del Ejecutivo.
Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata por parte de un conjunto de organizaciones cívicas y de defensa constitucional, entre ellas Defensores de Honduras, la Reserva Militar Nacional, el Consejo Patriótico de la Sociedad Civil y otras agrupaciones democráticas, quienes publicaron un comunicado oficial donde expresan su “profunda preocupación” por lo que consideran un “peligroso desvío institucional”.
¿Un Ejército al servicio de un partido?
“Reducir su papel a un simple ‘instrumento’ del poder político es una grave amenaza a la democracia, al equilibrio entre los poderes del Estado y a la voluntad soberana del pueblo hondureño”, señala el comunicado.
El documento recuerda que el artículo 272 de la Constitución de la República define a las Fuerzas Armadas como una institución apolítica, obediente y no deliberante, cuya función es defender la soberanía, el orden constitucional y el Estado de Derecho, no ejecutar agendas de gobierno o ideologías.
Los firmantes advierten que cualquier subordinación de los cuerpos castrenses a intereses partidarios podría configurar delitos graves como abuso de autoridad, prevaricación militar, sedición e incluso traición a la patria, según el Código Penal vigente.
Llamado a la lealtad constitucional
En un tono firme, las organizaciones exhortaron a toda la estructura de mando de las Fuerzas Armadas, incluidos oficiales subalternos, a respetar su mandato constitucional y rechazar cualquier intento de politización de la institución:
“El respeto al orden legal es el único camino para preservar la institucionalidad, la paz y la democracia”, concluye el comunicado.
Entre la institucionalidad y la tentación autoritaria
Las afirmaciones del general Hernández llegan en un contexto de creciente preocupación sobre el uso político de las instituciones públicas y el debilitamiento de la separación de poderes en Honduras. Al compararse con modelos geopolíticos y estratégicos más propios de doctrinas de seguridad nacional que de sistemas democráticos, el discurso castrense abre el debate sobre los límites del poder militar en un régimen civil.
El documento cierra con un llamado claro: Honduras necesita unas Fuerzas Armadas firmes, profesionales, independientes y leales al pueblo y a la Constitución, no a gobiernos de turno.
“Cuando el uniforme se pone al servicio de la política, la democracia se deshilacha”, advierte uno de los firmantes. El país enfrenta ahora una interrogante de fondo: ¿Volverán las Fuerzas Armadas a convertirse en árbitro del poder político o defenderán su rol constitucional como garante del Estado de Derecho?
A continuación, el comunicado íntegro:
COMUNICADO OFICIAL A LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS
A la opinión pública nacional e internacional, a las instituciones democráticas del país, a los miembros activos y en condición de retiro de las Fuerzas Armadas, a la sociedad civil organizada y a los medios de comunicación:
Ante las recientes declaraciones públicas emitidas por el actual Jefe del Estado Mayor Conjunto, General Roosevelt Hernández, en las cuales afirma que las Fuerzas Armadas de Honduras son «un instrumento del poder político» y que están sujetas a la ejecución de las políticas públicas del gobierno en turno, expresamos nuestra profunda preocupación por el peligroso desvío institucional que tales afirmaciones representan.
La Constitución de la República, en su artículo 272, establece con absoluta claridad que las Fuerzas Armadas son una institución nacional, permanente, profesional, apolítica, obediente y no deliberante, cuya función primordial es defender la soberanía e integridad territorial, el orden constitucional y el Estado de Derecho.
Reducir su papel a un simple «instrumento» del poder político es una grave amenaza a la democracia, al equilibrio entre los poderes del Estado y a la voluntad soberana del pueblo hondureño. Esta visión contradice abiertamente la Carta Magna y abre la puerta a la instrumentalización de la institución armada para fines partidarios, como ha ocurrido en regímenes autoritarios de la región.
Advertimos que cualquier subordinación de las Fuerzas Armadas a intereses de partido o ideologías constituye una desviación de su mandato constitucional y podría configurar delitos graves como el abuso de autoridad, la prevaricación militar, la sedición e incluso la traición a la patria, conforme al Código Penal vigente.
Llamamos a los oficiales subalternos y a toda la cadena de mando a mantener la lealtad a la Constitución y al pueblo hondureño, no a personas o ideologías. El respeto al orden legal es el único camino para preservar la institucionalidad, la paz y la democracia.
Reafirmamos que Honduras necesita Fuerzas Armadas firmes, independientes, comprometidas con la legalidad y al servicio exclusivo del interés nacional.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras 16 de noviembre 2025.
Firmado por:
- Defensores de Honduras
- Reserva Militar Nacional
- Consejo Patriótico de la Sociedad Civil
- Organizaciones Democráticas en Defensa del Orden Constitucional
