TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A menos de un mes para que venza el plazo legal para convocar a las elecciones generales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), se encuentra en una preocupante situación de inactividad institucional.
La falta de acción por parte del organismo pone en riesgo la legalidad del proceso electoral, compromete su viabilidad técnica, debilita su legitimidad democrática y erosiona la confianza ciudadana en el sistema electoral hondureño.
Esta situación reviste una gravedad particular por al menos tres motivos que, desde el Centro de Estudio de la Democracia (CESPAD), identifican como señales de alerta institucional:
- La Ley Electoral establece que la convocatoria a las elecciones generales debe realizarse, como mínimo, seis meses antes de su celebración, es decir, a más tardar el 30 de mayo de 2025. Sin embargo, el CNE no ha aprobado el cronograma que formaliza dicha convocatoria y activa todas las etapas del proceso. Esta omisión ocurre en un contexto de parálisis sostenida: el organismo no ha sesionado en semanas y su última comunicación oficial data del 5 de abril.
- Este vacío institucional genera incertidumbre en todos los actores del proceso. La ley dispone que las candidaturas resultantes de las elecciones primarias deben ser inscritas de oficio al día siguiente de la convocatoria, mientras que las candidaturas independientes disponen de apenas diez días para cumplir con todos los requisitos (artículo 152 de la Ley Electoral). Sin un cronograma aprobado, estos movimientos no tienen claridad sobre los plazos para presentar nóminas, subsanar errores o recibir una resolución definitiva del órgano colegiado. La falta de claridad vulnera el principio de equidad y puede traducirse en una violación del derecho a participación política de quienes no forman parte de estructuras partidarias tradicionales ni al partido de gobierno.
- El presupuesto destinado a las elecciones generales no ha sido discutido, aprobado, ni remitido al Congreso Nacional. Este retraso es especialmente preocupante, ya que su aprobación requiere de procesos políticos que suelen tomar tiempo. La experiencia reciente con el presupuesto de las elecciones primarias mostró cómo los retrasos, las negociaciones prolongadas y los recortes presupuestarios pueden afectar gravemente la organización del proceso electoral. No enviar el anteproyecto a tiempo agrava aún más el riesgo de que la ejecución técnica y operativa del proceso se vea comprometida.
Estas omisiones, ya evidentes durante las primarias de marzo, demostraron las consecuencias de una mala organización: retrasos en la impresión y distribución de materiales, fallos en la capacitación y caos logístico.
Repetir ese patrón, ahora en un proceso de mayor complejidad y carga política, pondría en grave riesgo la legitimidad de los resultados y profundizaría la desconfianza ciudadana en el sistema electoral.
Desde el CESPAD recuerdan que los mínimos democráticos no se limitan a la realización formal de elecciones; exigen reglas claras, plazos definidos y condiciones equitativas para todas las candidaturas.
Por ello, instan al Consejo Nacional Electoral a cumplir su rol constitucional con seriedad, dejar atrás las disputas partidarias, construir consensos y tomar decisiones inmediatas, tales como:
- Aprobar el cronograma electoral,
- Remitir el presupuesto al Congreso Nacional y
- Retomar el funcionamiento del órgano colegiado.
La responsabilidad del CNE no debe limitarse a la administración del proceso, sino que debe garantizar sea íntegro, transparente y a la altura de los desafíos que enfrenta la democracia hondureña.
