• Consejeras del CNE advierten que anular votos válidos vulnera la voluntad popular y que la responsabilidad penal será individual
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, informó la noche de este viernes 19 de diciembre que, en el marco del escrutinio especial, se han procesado 652 actas, de las cuales 48 han sido consignadas en cero, una situación que —de comprobarse la existencia de votos válidos dentro de las maletas electorales— podría constituir un delito electoral.
Hall precisó que las Juntas encargadas del escrutinio especial no son empleados del CNE, sino que son postulados por los partidos políticos, por lo que sus actuaciones corresponden directamente a las organizaciones políticas que los propusieron.
No obstante, subrayó que cualquier irregularidad con implicaciones penales recae de forma individual sobre quien la cometa.
“De cometer algún delito electoral, su responsabilidad penal será personalísima”, advirtió la consejera, al explicar que consignar votos en cero cuando existen papeletas válidas en la maleta electoral anula sufragios legalmente emitidos y supone desconocer actas originales, hojas de incidencia y papeletas retornadas, conductas que la normativa electoral sanciona.
La funcionaria hizo un llamado enfático a respetar el mandato ciudadano y la institucionalidad democrática, recordando que el proceso de escrutinio especial tiene como objetivo verificar y salvaguardar la voluntad expresada en las urnas.
“El compromiso es y debe ser uno solo: defender la voluntad popular. ¡La democracia es la salida, no jueguen con ella!”, concluyó.
En los mismos términos se pronunció la también consejera Cossette López, quien reiteró que, con 652 actas revisadas, 48 aparecen en cero, y recalcó que los miembros de las Juntas responden a los partidos que los postularon, sin perjuicio de que la responsabilidad penal sea personal si se acredita la comisión de un delito electoral.
Las advertencias de ambas consejeras se producen en un contexto de alta tensión política y escrutinio público sobre el desarrollo del proceso, mientras distintos sectores demandan transparencia, apego a la ley y respeto irrestricto a la decisión soberana del electorado.
