• Un fallo de una jueza federal en San Francisco declaró ilegal la eliminación del Estatus de Protección Temporal impulsada por el Gobierno de Donald Trump, beneficiando a hondureños, nicaragüenses y nepaleses.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.–
La presidenta Xiomara Castro celebró este jueves la decisión de una jueza federal de San Francisco que frenó la anulación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para miles de hondureños que residen en Estados Unidos, al considerar ilegal la medida adoptada por la administración del entonces presidente Donald Trump.
A través de su cuenta oficial en la red social X, la mandataria reafirmó el respaldo del Estado hondureño a la diáspora.
“Defenderemos siempre su dignidad y sus derechos. Los abrazo con orgullo y los defenderé hasta el último día de mi mandato”, escribió, en un mensaje que fue replicado por organizaciones de migrantes y defensores de derechos humanos.
El alcance del fallo
La resolución judicial, emitida en el último día de 2025, determinó que la anulación del TPS para miles de inmigrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal no cumplió con los procedimientos administrativos establecidos.
La jueza rechazó la solicitud del Gobierno estadounidense para desestimar la demanda y subrayó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no siguió la práctica habitual del Departamento de Seguridad Nacional al reducir el periodo de transición tras la terminación del TPS a 60 días.
De acuerdo con el fallo, ese plazo resultó insuficiente y contrario a precedentes administrativos, afectando de forma desproporcionada a personas con años de residencia legal, empleo estable y vínculos familiares en Estados Unidos.
Impacto para la comunidad hondureña
La decisión judicial representa un alivio inmediato para miles de familias hondureñas que habrían quedado expuestas a procesos de deportación y a la pérdida de sus permisos de trabajo.
Líderes comunitarios señalan que el TPS ha permitido a la diáspora contribuir a la economía estadounidense y enviar remesas vitales para la economía hondureña.
Desde el Gobierno de Honduras, el mensaje es de acompañamiento político y diplomático.
El pronunciamiento de la presidenta Castro refuerza una postura de defensa de los derechos humanos de los migrantes y de respaldo a mecanismos legales que brinden estabilidad a quienes se vieron forzados a emigrar por crisis económicas y sociales.
Mientras el proceso judicial continúa, la suspensión de la anulación mantiene vigente la protección del TPS, a la espera de una resolución definitiva que podría sentar un precedente clave en la política migratoria estadounidense y en la protección de miles de compatriotas en el exterior.
