El Ministerio Público y la Policía de Bolivia realizaron este martes allanamientos en diferentes inmuebles vinculados al exfiscal general Roger Mariaca, destituido y encarcelado por supuestamente liderar una organización criminal que protegía al «narcoterrorismo», con el fin de «recolectar elementos» dentro de las investigaciones en su contra.
El Ministerio de Gobierno (Interior) informó en un comunicado de prensa que agentes de grupos especiales llegaron hasta el condominio donde vivía Mariaca, en la ciudad oriental de Santa Cruz, donde «intensificaron un resguardo» mientras llegaba una comisión de fiscales enviados desde La Paz.
«El operativo se suma a la serie de allanamientos desplegados en diferentes zonas de la ciudad y que continuarán durante la jornada en varios inmuebles restantes identificados solo en Santa Cruz», señaló el ministerio.
Una docena de vehículos de la Fiscalía y la Policía ingresaron en caravana al condominio para requisar la vivienda de Mariaca, mientras una veintena de policías de élite con el rostro cubierto resguardaban afuera.
«El Gobierno nacional ratifica su lucha frontal y sin tregua contra el narcotráfico y la corrupción institucional, garantizando que los allanamientos y operativos continuarán hasta la desarticulación total de la red y el secuestro de todos sus bienes ilícitos», agregó el ministerio.
La acusación en contra de Mariaca
Mariaca fue detenido el miércoles y destituido el viernes, dentro de una investigación en la que el Gobierno lo acusa de supuestamente liderar una organización criminal para proteger al «narcoterrorismo».
La detención del ahora exfiscal general ocurrió dos días después de que el Gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser «corruptos» y de «socavar Gobiernos elegidos democráticamente».
Dos días antes de su detención, EEUU revocó el visado de Mariaca por supuesta corrupción. El fiscal rechazó las acusaciones y denunció un intento de «condicionar» o «interferir» en la labor del Ministerio Público.
El fiscal general vinculó la decisión estadounidense con las «implicaciones» que tuvieron algunas investigaciones impulsadas por la Fiscalía, entre ellas las relacionadas con el consultor político argentino Fernando Cerimedo, procesado por una supuesta tentativa de feminicidio contra su expareja y también investigado por presunto enriquecimiento ilícito.
Con información de EFE
