Graco Pérez advierte que la medida judicial es temporal y podría revertirse. Cuestiona la falta de acciones del Gobierno hondureño para defender a sus connacionales en EE.UU.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La suspensión de la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos hasta noviembre de 2025 no fue producto de gestiones del Gobierno de Honduras, sino de la lucha organizada de los propios migrantes. Así lo afirmó el analista en temas migratorios Graco Pérez, quien también advirtió que la medida es temporal y puede ser revertida.
“Esto fue presentado por los migrantes, por una asociación del TPS, no fue el Gobierno de la República. Y ellos lograron que la corte en San Francisco aceptara suspender cualquier deportación hasta el 18 de noviembre”, enfatizó Pérez.
La decisión fue tomada por una corte federal en California, que ordenó pausar la cancelación del programa migratorio para varios países, incluido Honduras.
Sin embargo, el analista subrayó que la resolución no representa una solución definitiva.
“Esto es temporal. En su momento, la corte resolverá y puede decidir si se termina o no”, explicó. “Incluso, el gobierno de Estados Unidos podría apelar ante la Corte Suprema, y esta podría fallar a favor de la cancelación, como ocurrió en el caso de Venezuela”.
Las declaraciones de Pérez contrastan con el mensaje emitido por el canciller hondureño, Efraín Bu Soto, quien celebró la decisión judicial como un logro importante para el país.
No obstante, Pérez fue enfático en criticar la falta de compromiso del actual gobierno en la defensa de los derechos de los migrantes y en la mejora de la atención consular.
“Ya casi han transcurrido cuatro años de este Gobierno. No defendieron el TPS, no mejoraron la atención en los consulados. Así que esperemos que, por lo menos en lo que resta de esta administración o al menos hasta el 18 de noviembre, se mejore la atención”, dijo.
El TPS ha sido una herramienta clave para que más de 70,000 hondureños puedan vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, mientras persistan las condiciones adversas en su país de origen.
Aunque la prórroga ofrece un alivio momentáneo, el futuro del programa sigue siendo incierto y sujeto a decisiones judiciales y políticas en territorio estadounidense.
