El gobierno de Honduras prorrogó por novena ocasión el ‘estado de excepción’ decretado para luchar contra la criminalidad y frenar las extorsiones, pero que ha sido criticado por Naciones Unidas por promover presuntas violaciones a los derechos humanos.
La presidenta «Xiomara Castro, a través del Consejo de Ministros, decretó extender por 45 días más el estado de excepción», hasta el 19 de mayo, anunció este viernes un comunicado.
El estado de excepción vigente desde el 6 de diciembre de 2022 permite hacer arrestos sin orden judicial.
El estado de excepción parcial abarca 226 municipios de Honduras, y se han identificado sectores del país donde se han intensificado las acciones policiales para garantizar un mayor control.
Las autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo han destacado los logros obtenidos desde la implementación del estado de excepción, que incluyen la detención de más de 600 miembros de estructuras criminales y la ausencia de homicidios en 130 municipios.
Además, se han desarticulado más de 455 bandas criminales.
Entre los logros adicionales se encuentran la captura de 24 personas con fines de extradición, el decomiso de 8,300 armas de fuego, 4,751 kilos de cocaína y 740 kilogramos de fentanilo, entre otros resultados significativos en la lucha contra el crimen organizado.
Sin embargo, los paros de labores temporales en rutas del transporte urbano se han intensificado en las principales ciudades del país ante el aumento de las extorsiones porque el estado de excepción no ha funcionado, según los transportistas.
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en Honduras (OACNUH) dijo en un informe el pasado 19 de marzo haber «recibido información sobre presuntas violaciones a los derechos humanos que se habrían cometido en el marco de la implementación del estado de excepción».
La jefa de la oficina, Isabel Albaladejo, al presentar un informe anual de 2023 a la prensa, se declaró «preocupada» por la prolongación del estado de excepción sin que se haya justificado su necesidad» y «sin que existan controles judiciales adecuados».
La medida es similar a una vigente desde hace dos años en El Salvador por iniciativa del presidente Nayib Bukele.
