- La presidenta del Consejo Nacional Electoral invoca el artículo 234 constitucional en medio de la tensión generada por la investigación del Ministerio Público sobre supuestas irregularidades dentro del ente electoral.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, reafirmó este miércoles que la Constitución de la República protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción que pretenda interrumpir sus funciones o vulnerar las facultades del órgano electoral.
Hall citó el artículo 234 constitucional, el cual otorga una prerrogativa garantista al CNE para ejercer sus competencias sin presiones ni injerencias externas, subrayando que la institución es la autoridad electoral del país y debe respetarse en el cumplimiento de su misión principal: organizar elecciones libres y transparentes.
“La prerrogativa garantista del artículo 234 constitucional protege a los consejeros y consejeras de cualquier acción tendiente a interrumpir funciones o a vulnerar facultades que corresponden al órgano electoral. ¡El CNE es la autoridad electoral y debe respetarse el ejercicio de sus funciones: hacer elecciones!”, expresó Hall a través de su cuenta oficial en X.
El pronunciamiento se produce tras el anuncio del fiscal general de la República, Johel Zelaya, sobre el inicio de una investigación exhaustiva luego de recibir grabaciones vinculadas a una denuncia presentada por el consejero propietario del CNE, Marlon Ochoa.
De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, los audios presuntamente evidenciarían una posible asociación ilícita entre una consejera del CNE, un diputado del Congreso Nacional y un militar activo de las Fuerzas Armadas.
El fiscal general instruyó a las Fiscalías para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, para la Defensa de la Constitución y de Delitos Electorales a llevar a cabo las diligencias correspondientes en el caso.
El tema ha generado tensión institucional y un debate nacional sobre los límites entre la autonomía constitucional del CNE y las facultades del Ministerio Público, en un contexto político sensible a menos de un año de las elecciones generales.
Diversos sectores han pedido que las instituciones del Estado actúen con independencia, objetividad y respeto mutuo, para evitar que la justicia o los procesos electorales se vean contaminados por intereses políticos.
