TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, defendió públicamente la declaratoria de las elecciones generales realizada sin que concluyera el escrutinio especial, asegurando que fue una decisión necesaria para “garantizar la alternancia en el poder”, al tiempo que responsabilizó a otras instancias del Estado por no haber publicado el acto en el Diario Oficial La Gaceta, como lo exige el ordenamiento jurídico.
En un pronunciamiento cargado de mensajes políticos y advertencias institucionales, Hall afirmó que no realizar la declaratoria habría provocado un daño irreparable a la democracia, ya que —según su versión— el país habría quedado sin una base legal para la transición presidencial.
“La declaratoria es la garantía para que exista alternancia en el poder. Se realizó dentro del plazo y con los requisitos de ley. De no haberse hecho, el daño a la democracia hondureña sería hoy irreparable”, sostuvo.
Sin embargo, la funcionaria también reconoció que dicha declaratoria no fue publicada en La Gaceta, el único medio oficial del Estado para validar jurídicamente los actos públicos.
En lugar de asumir esa omisión como una falla del CNE, Hall atribuyó la situación a una “negativa continuada” de otras instancias estatales encargadas de su publicación.
“La declaratoria es legal, y si no se publicó en el Diario Oficial fue por la negativa continuada de las instancias estatales correspondientes”, afirmó.
Asimismo, indicó que “sí fue publicada en los diarios de mayor circulación y en la página oficial del CNE (cumpliendo principios de publicidad y transparencia).
El argumento plantea una paradoja institucional: el órgano encargado de organizar, dirigir y oficializar las elecciones defiende como plenamente válida una proclamación que no ha sido formalizada por los canales legales del propio Estado, lo que ha alimentado cuestionamientos sobre la solidez jurídica del proceso.
Hall también justificó que el escrutinio especial no pudo concluirse debido a una supuesta “fuerza mayor” generada por acciones de partidos políticos, a los que acusó de sabotear el trabajo del CNE mediante retrasos deliberados, manipulación de actas y presiones sobre el personal electoral.
Según la presidenta del organismo, esos sectores crearon un escenario “impredecible e insuperable” que obligó al CNE a optar por la declaratoria como una salida para “salvar el proceso y la democracia”, aunque ello implicara dejar inconclusa la revisión total de las actas cuestionadas.
En su discurso, Hall también advirtió que desde otros poderes del Estado se estarían emitiendo directrices “inconstitucionales e ilegales” para intervenir en asuntos electorales, lo que, a su juicio, representa un intento de usurpar las atribuciones del CNE.
Recordó que cualquier decisión del Congreso Nacional sobre materia electoral requiere el voto de dos tercios de los diputados, condición que —afirmó— no se ha cumplido.
Pese a ese escenario, la presidenta del CNE recalcó que la declaratoria ha sido reconocida por misiones internacionales de observación electoral y que quienes se consideran afectados por los resultados deben acudir a las instancias legales correspondientes.
Al mismo tiempo, hizo un llamado explícito a las Fuerzas Armadas para que continúen resguardando el material electoral, colocando a la institución castrense como un actor clave en la custodia del proceso, en medio de una disputa abierta entre poderes del Estado.
Para analistas y sectores críticos, el pronunciamiento de Hall no solo busca defender la legalidad de la declaratoria, sino también trasladar la responsabilidad política y jurídica de las irregularidades y vacíos del proceso a otros actores, en un contexto donde la legitimidad de los resultados y de la transición sigue siendo objeto de una fuerte confrontación nacional.
