- Kenneth Madrid y Luis León establecen que el órgano electoral puede continuar sin consejeros ausentes, advirtiendo que la obstrucción sistemática configura faltas legales graves y pone en riesgo la estabilidad democrática del país.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
A menos de cinco meses de las elecciones generales, la comunidad de analistas políticos y juristas ha comenzado a ofrecer soluciones concretas a la crisis que paraliza al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Kenneth Madrid, abogado constitucionalista, y Luis León, analista y exdirector del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD), trazaron una hoja de ruta legal y política que permitiría reactivar el cronograma electoral sin depender de los consejeros que han incurrido en ausencias sistemáticas.
Madrid sostuvo que las decisiones administrativas necesarias para echar a andar el proceso electoral ya fueron aprobadas por mayoría (2 a 1), por lo que no hay fundamento legal para seguir retrasando su ejecución.
“Cualquier acción administrativa puede ser ejecutada por la presidenta del CNE, quien tiene la potestad legal para hacerlo”, explicó, ofreciendo a Cossette López herramientas jurídicas claras para actuar.
“Lo más importante ahora es echar a andar el proceso”, subrayó Madrid, afirmando que el marco normativo prioriza la continuidad institucional sobre disputas internas o bloqueos políticos.
El jurista también advirtió sobre las implicaciones legales de la inasistencia reiterada de algunos consejeros, señalando que la Ley Electoral contempla sanciones para ausencias injustificadas, tanto de propietarios como de suplentes.
“La ausencia de los consejeros es política, no legal, y eso puede configurar un delito”, afirmó. En ese sentido, recordó que el Ministerio Público puede actuar de oficio y que el CNE está obligado a remitir antecedentes si se constata obstrucción al proceso electoral.
Por su parte, Luis León complementó el análisis con una evaluación política que sitúa la actual crisis del CNE como parte de un patrón más amplio de deterioro institucional en el país. “Honduras ha vivido en crisis política durante años, pero esta se está agravando”, advirtió.
León fue enfático en señalar que detrás de la obstrucción podrían existir intereses estratégicos: “Estamos ante un contexto en que un partido con control de varias instituciones podría estar buscando impedir una votación desfavorable, y eso es sumamente peligroso”.
El analista se refirió así al oficialismo de Libertad y Refundación (Libre), identificando su influencia directa sobre los actores que obstaculizan el proceso.
Además, León denunció el incumplimiento de artículos específicos de la Ley Electoral —como los artículos 15 y 17, que obligan a los consejeros a asistir a las sesiones convocadas— y lamentó que las autoridades competentes no estén aplicando la ley.
“Un proceso electoral debe ser un ejercicio democrático, no una guerra campal”, advirtió León, proyectando que, si no se resuelve la parálisis institucional, el país podría enfrentar una fuerte crisis post-electoral con consecuencias sociales, políticas y económicas.
Ambos analistas coincidieron en que el cronograma electoral debe seguir adelante con firmeza y apego al marco legal, y que las instituciones de control —como el Ministerio Público, la Procuraduría General y el Tribunal de Justicia Electoral— están llamadas a actuar con independencia para proteger la democracia.
“La obstrucción al CNE no solo amenaza el calendario electoral, sino la estabilidad democrática del país”, concluyeron.
La intervención de Madrid y León marca un punto de inflexión en la crisis institucional, al ofrecer una salida concreta y legal para retomar el curso electoral sin quedar a merced de intereses partidarios que, según sus análisis, buscan manipular el proceso desde dentro.
