FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, anunció este sábado que uno de los siete hospitales móviles que Honduras compró durante la pandemia de covid-19, será adecuado para atender a privados de libertad que resulten heridos en reyertas.
Indicó que la Secretaría de Salud ya realizó el traslado de administración del hospital móvil que se encuentra en Danlí, El Paraíso.
Dijo que aún se estudia si el hospital móvil se ubicará en la Penitenciaría Nacional de Támara o en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara conocida como El Pozo.
Sin embargo ya se tiene claro que será destinado para atención de personas privadas de libertad, añadió.
Aunque su función será atender a heridos de las reyertas, se espera que poco a poco ya no existan este tipo de enfrentamientos en el país, especificó la funcionaria.
Cabe recordar que Inversiones Estratégicas de Honduras (Investh), pagó de contado a finales de abril de 2020, 48 millones de dólares, equivalente a un mil 200 millones de lempiras al intermediario guatemalteco Axel López, en una dudosa transacción catalogada de corrupta por entes civiles, que investigaron los procesos e igualmente lo hizo el Ministerio Público (MP) que ha desarrollado en el caso varias líneas de investigación.
El desembolso se realizó por la compra de siete hospitales móviles, de los cuales sólo dos llegaron a funcionar a medias, el resto nunca funcionó ya que no contaban con los requerimientos necesarios para habilitarlos como centros de emergencia durante la pandemia.
En tanto, sólo el hospital modular de San Pedro Sula opera normalmente; el de Tegucigalpa lo hace en forma parcial y solamente atiende pacientes leves, mientras cinco más esperan que los echen a andar.
De acuerdo a denuncias del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), entre otras organizaciones, en la compra de los siete hospitales móviles hubo corrupción.
