- Juez impone medida cautelar bajo vigilancia policial a cinco imputados; Fiscalía señala desvío de más de tres mil millones de lempiras mediante demandas ilegales
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El juez que conoce la causa por un millonario caso de fraude dictó arresto domiciliario bajo vigilancia policial al diputado Nelson Márquez y a otros cuatro imputados, acusados por el Ministerio Público (MP) de haber drenado más de tres mil millones de lempiras en perjuicio del Estado.
La medida cautelar, que se hará efectiva a partir de la noche de ayer martes, también abarca a Juan Fernando Madrid Lezama, Caronte Rojas Zavala, Raymond Esaú Gradiz y Eva Vásquez, señalados por el MP como parte de una estructura que promovió demandas fraudulentas derivadas de un contrato internacional suscrito tras el paso del huracán Mitch.
La audiencia inicial continuará el próximo martes 12 de agosto a las 9:00 de la mañana, en un contexto de creciente tensión política de cara a las elecciones generales previstas para el 30 de noviembre.
La investigación: contratos irregulares y demandas fantasmas
De acuerdo con el requerimiento fiscal, los hechos se remontan al año 2000, cuando el Estado hondureño adjudicó un contrato con fondos de cooperación internacional a la empresa estadounidense DRC Inc., la cual no contaba con autorización para operar en el país. Esta, a su vez, subcontrató de forma irregular a la empresa NAINSA, que no tenía relación contractual directa con el Estado.
En 2001, el cooperante internacional retiró la ayuda al detectar inconsistencias en el contrato. Sin embargo, años después ambas empresas promovieron demandas millonarias basadas en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia, según la acusación fiscal.
El Ministerio Público sostiene que DRC Inc. y NAINSA firmaron un acuerdo confidencial para obtener pagos del Estado, y que esa estrategia fue facilitada desde las instituciones públicas. En enero de 2020, cuando Márquez era secretario de la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas), remitió un informe legal a la Procuraduría General recomendando firmar un convenio extrajudicial para evitar una “erogación mayor”, lo cual fue parte de la maniobra ilegal, según el MP.
Al mes siguiente, Sedecoas y NAINSA suscribieron dicho convenio, acordando pagos multimillonarios sin agotar los procesos judiciales establecidos.
Decisiones judiciales bajo sospecha
En 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria —ahora imputado— admitió otra demanda millonaria a favor de NAINSA, pese a conocer la nulidad del laudo arbitral, y ordenó pagos que ahora son cuestionados por la Fiscalía. Además, el representante legal del Estado, Héctor Alvarado Mejía, no asistió a una audiencia clave, argumentando una excusa médica cuya autenticidad está en duda, según las diligencias del MP.
Las autoridades señalan que esta serie de acciones concertadas derivaron en un fraude de más de tres mil 84 millones de lempiras en contra del Estado de Honduras.
Proceso en marcha
Aunque el juez otorgó medidas sustitutivas a la prisión, la investigación sigue su curso.
La continuidad del proceso y las decisiones que se tomen en las próximas audiencias serán clave para determinar si este caso marcará un precedente judicial en la lucha contra la corrupción institucional en Honduras.
