- Tres de los cuatro implicados en un presunto plan de magnicidio contra el expresidente cumplen ahora medidas cautelares con fianzas, prohibición de salida del país y restricciones de comunicación; el caso sigue bajo revisión judicial.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En un nuevo giro de un caso que ha generado gran atención mediática y judicial, tres ciudadanos vinculados a un supuesto plan para atentar contra la vida del expresidente José Manuel “Mel” Zelaya Rosales dejaron la prisión y cumplirán arresto domiciliario bajo estrictas medidas cautelares.
La portavoz del Poder Judicial, Bárbara Castillo, informó que los acusados no podrán salir del país, comunicarse entre ellos y deberán presentar una fianza hipotecaria respaldada por un bien inmueble cada uno. La decisión judicial también consideró la edad y problemas de salud de los imputados.
Los beneficiados con arresto domiciliario
Los tres implicados que ahora cumplirán arresto domiciliario son:
- Arcadio López Estrada
- Antonio Kattan Rivera
- Gerardo Galeano
Mientras tanto, Perfecto Enamorado Paz ya contaba con la misma medida desde septiembre de este año.
Cargos y contexto del caso
El Ministerio Público mantiene que los cuatro enfrentan cargos por:
- Asociación ilícita
- Terrorismo
- Magnicidio
Los delitos estarían relacionados con un presunto plan para atentar contra la vida del expresidente Zelaya y alterar el orden constitucional. La investigación incluyó audios presentados en cadena nacional por el fiscal general Johel Zelaya, que presuntamente evidenciaban la conspiración.
El expediente sigue en apelación, mientras la Corte de Apelaciones revisa la medida de prisión preventiva inicialmente impuesta.
Reacciones y seguimiento del caso
La medida ha generado opiniones divididas: mientras algunos sectores consideran que las restricciones son proporcionales y respetan los derechos de los imputados, otros advierten sobre riesgos de fuga o influencia sobre la investigación.
El caso continúa bajo escrutinio público y judicial, en medio de un escenario donde seguridad, política y justicia penal convergen en Honduras.
