TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), emitió este lunes un comunicado de prensa demandando: que la última audiencia del juicio del caso de feminicidio de Keyla Martínez no sea trasladado de fecha y se imparta real justicia con una sentencia ejemplar.
La tragedia de Keyla Martínez, asesinada el 7 de febrero de 2021 bajo la custodia del Estado, ha conmovido profundamente a nuestra sociedad y ha violado los derechos fundamentales de las mujeres en Honduras.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FESCV) inicialmente calificó este crimen como un feminicidio agravado, dado que ocurrió bajo la protección de la Policía Nacional, quienes tienen la responsabilidad constitucional de garantizar el respeto de los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida.
No obstante, el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque decidió considerar el caso como un posible homicidio simple, a pesar de la evidencia que apuntaba a un cruel feminicidio, para posteriormente tipificarlo como un asesinato imprudente. Esta decisión ha generado preocupaciones sobre posibles irregularidades y obstrucciones a la justicia.
Es crucial recordar que, según el Código Penal de Honduras, el feminicidio está sujeto a una pena de prisión de veinte (20) a veinticinco años (25), y el homicidio imprudente conlleva una pena significativamente menor de tres (1) a siete (7) años. La disminución en la tipificación del delito podría resultar en una condena insuficiente y, peor aún, podría ser conmutable, dejando en total impunidad este feminicidio agravado.
La audiencia de sentencia contra el imputado Jarol Rolando Perdomo Sarmiento, el único acusado en este caso, está programada para el 11 de octubre de 2023. La madre de Keyla Martínez viajará desde España para estar presente en esta audiencia y exigir justicia.
Este caso no es un incidente aislado en Honduras, ya que cientos de feminicidios ocurren anualmente, y más del 90% de ellos quedan impunes. En esta lucha por la justicia, es imperativo que se siente un precedente donde la justicia prevalezca, especialmente cuando el presunto perpetrador es un oficial de la Policía Nacional.
Desde la ACTJ, en colaboración con mujeres representantes de diferentes organizaciones y movimientos ciudadanos, defensoras de derechos humanos y profesionales del ámbito legal, estamos comprometidos en buscar mecanismos para asegurar que el caso de Keyla Martínez no se convierta en otro ejemplo triste de impunidad en casos de feminicidio.
En tal sentido, solicitamos respetuosamente la intervención y el apoyo de la comunidad internacional, para garantizar un proceso de justicia adecuado en consideración de las circunstancias de este asesinato. Así mismo a la ciudadanía, en especial a las mujeres, para que con sororidad nos pronunciemos a favor de los derechos humanos de las mujeres y del debido proceso en los casos de feminicidio y en contra de la impunidad y manipulación de la evidencia y por ende de los fallos a favor de los perpetradores de violencia contra las mujeres.
Como madres, hermanas, hijas, amigas, nos solidarizamos y acompañamos a Norma Rodríguez (madre de Keyla Martínez) y toda su familia, hasta que en las instancias nacionales o internacionales se siente un precedente de justicia en este caso, recordando que ninguna pena o sanción restituirá el derecho a la vida de Keyla, ni repara el daño ocasionado a sus seres queridos, quienes claman tanto por un fallo justo como porque este tipo de crímenes no vuelvan a ocurrir en nuestro país.
