TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El asesor legislativo René Adán Tomé, cercano al presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, restó importancia al reciente informe presentado por la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), en el que se denuncian opacidad, arbitrariedad e irregularidades en las compras y contrataciones realizadas en el Poder Legislativo.
Tomé cuestionó abiertamente la legitimidad de la ASJ para emitir este tipo de señalamientos, e incluso afirmó haber confundido inicialmente el reporte con uno del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA).
“El informe que leí no era de la ASJ, sino del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). A menos que ambas hayan presentado la misma denuncia, hago la aclaración”, dijo.
Según Tomé, mientras el CNA fue creado por decreto legislativo y recibe fondos públicos, la ASJ no tiene ninguna relación formal con el Estado y opera como una organización civil independiente.
“Ellos tienen una asamblea donde deberían conocerse estas investigaciones. Pero en vez de eso, las hacen públicas con la intención de presionar o desprestigiar a los funcionarios públicos. Ese no es el espíritu con el que deben operar este tipo de organizaciones”, expresó.
Asimismo, el asesor enfatizó que la ASJ no posee facultades legales para realizar investigaciones oficiales, y que su papel debería limitarse a funciones de observación y denuncia ciudadana.
“Ellos no son órganos competentes del Estado. Son personas jurídicas particulares, y no tienen la autoridad de realizar investigaciones oficiales”, subrayó.
Las declaraciones de Tomé se dan en medio de una creciente presión pública tras la publicación del informe de la ASJ, el cual detalla una serie de prácticas irregulares en el manejo de fondos dentro del Congreso Nacional, incluyendo contrataciones sin criterios claros, falta de control interno y presuntas compras sin justificación técnica.
Por su parte, la ASJ ha defendido su rol como organización de sociedad civil encargada de fiscalizar el uso de recursos públicos, y ha reiterado que su labor es parte de un compromiso con la transparencia, la legalidad y la lucha contra la corrupción en Honduras.
Mientras tanto, sectores ciudadanos y actores políticos exigen que los hallazgos de la ASJ no sean desestimados sin una investigación seria, y advierten sobre el riesgo de desacreditar a organizaciones independientes que supervisan el buen uso de los fondos del Estado.
