• El mandatario alega que la ley le permite otorgar ayudas, pero surgen dudas sobre el origen del dinero y posibles intereses partidarios tras la polémica medida
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente de la República, Nasry Asfura, defendió la entrega de bonos de 100 mil lempiras a un grupo de diputados —en su mayoría del Partido Liberal— en medio de una creciente ola de cuestionamientos sobre el uso y destino de los recursos públicos.
“Bueno, la ley me lo otorga, hay un reglamento y es una potestad del presidente poder ayudar”, respondió escuetamente el mandatario al ser consultado por la prensa, sin profundizar en detalles sobre los criterios de asignación ni el origen específico de los fondos.
La declaración, lejos de disipar las dudas, ha intensificado el debate público. Diversos sectores consideran que este tipo de prácticas revive esquemas del pasado, marcados por el manejo discrecional de recursos estatales bajo la figura de ayudas sociales, muchas veces señaladas por su uso político.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a si el dinero proviene de la partida confidencial del Poder Ejecutivo, un fondo históricamente criticado por su falta de transparencia.
A ello se suma la sospecha de que los bonos podrían estar orientados a asegurar respaldo político dentro del Congreso Nacional.
La polémica adquiere mayor relevancia en un momento clave, luego de que el Congreso Nacional de Honduras aprobara la derogación total del Fondo Departamental, eliminando el artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Decreto 363-2013), una figura que durante años permitió a diputados manejar recursos para ayudas sociales.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, aseguró que con esta decisión los congresistas dejarán de administrar dinero en efectivo, y que las ayudas serán canalizadas a través de mecanismos más transparentes, en un intento por fortalecer la rendición de cuentas.
Sin embargo, la entrega de estos bonos desde el Ejecutivo abre un nuevo frente de críticas, al trasladar la controversia del Legislativo al Poder Ejecutivo, sin que hasta ahora existan explicaciones claras que disipen las dudas sobre el uso político de los recursos del Estado.
En un contexto de alta polarización y desconfianza institucional, la medida no solo reaviva el debate sobre la transparencia, sino que también pone bajo escrutinio las prácticas del gobierno en el manejo de fondos públicos, justo cuando se prometían cambios hacia una gestión más abierta y fiscalizable.
