• Las nuevas designaciones abarcan telecomunicaciones, gestión de riesgos, desarrollo económico y sector social, áreas que enfrentan crisis financieras, desafíos de modernización y presión por resultados inmediatos en el inicio del periodo 2026-2030.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
El presidente Nasry Asfura intensificó la integración de su equipo de gobierno con una amplia jornada de juramentaciones de funcionarios que asumirán cargos estratégicos durante el período 2026-2030, en medio de expectativas por resultados rápidos frente a los problemas estructurales que arrastran varias instituciones públicas.
Las ceremonias protocolarias, divulgadas por la Oficina de Prensa de Casa Presidencial, incluyeron nombramientos en sectores clave como telecomunicaciones, gestión de riesgos, desarrollo económico, emprendimiento, agricultura, ambiente y áreas sociales, consolidando el segundo nivel de la estructura gubernamental.
Entre las designaciones más relevantes figura el nombramiento de Lucy Iracema Salgado Suárez como gerente general de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), institución que enfrenta el desafío de modernizar su infraestructura y recuperar competitividad frente a operadores privados.
En la junta directiva también fue incorporada Delia Beatriz Valle Marichal como directora residente, con la misión de contribuir a la reestructuración financiera de la estatal.
En materia de gestión de riesgos, Reinaldo Antonio Sánchez Rivera asumió la titularidad de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), en un contexto marcado por la transición prevista de condiciones climáticas asociadas al fenómeno La Niña hacia El Niño, lo que obliga a fortalecer la preparación institucional ante posibles emergencias.
El funcionario estará acompañado por Nelson Javier Márquez como subcomisionado nacional de Preparación y Respuesta, Domingo Hernaldo Acosta Lanza como gerente administrativo y Marlon Javier Meza Santos como secretario general.
Refuerzo económico y productivo
El mandatario también reforzó el área económica con el nombramiento de Fernando Antonio Fortín Macías como subsecretario de Desarrollo Empresarial y Comercio Interior, Mariano Torres Flores como secretario general de Desarrollo Económico y Carlos Josiel Hernández como gerente administrativo, con la tarea de articular estrategias de atracción de inversión y dinamización del comercio interno.
En el ámbito del emprendimiento, Jorge Humberto Velásquez Zavala fue designado director ejecutivo del Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios (Senprende), acompañado por Abelí Lozano Andino como subdirectora, institución considerada clave para la formalización de micro y pequeñas empresas.
En el sector agropecuario, los nombramientos de Justo René Martínez como subsecretario de Ganadería y Ricardo Arturo Peña Ramírez como subsecretario de Agricultura en la Secretaría de Agricultura y Ganadería responden a la necesidad de incrementar la producción nacional frente a señales de escasez de algunos productos alimenticios.
Asimismo, José Armando Ramírez Mejía asumió la dirección ejecutiva del Instituto de Conservación Forestal (ICF), organismo encargado de la política forestal y ambiental del país, en un momento en que se impulsan proyectos de recuperación de ecosistemas estratégicos.
Área social, laboral y defensa
Las designaciones también incluyeron a Alex Virgilio Santos Moreno como director ejecutivo del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y a Juan Carlos Rodríguez Molina como subsecretario de Empleo en la Secretaría de Trabajo, instituciones que enfrentan el reto de fortalecer la protección social y las oportunidades laborales.
En el ámbito de seguridad y defensa, José Miguel Villeda Villela fue nombrado secretario general de Defensa Nacional, mientras José Luis Segovia asumió funciones como asesor presidencial en temas ambientales.
Las autoridades informaron que los acuerdos ejecutivos entrarán en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.
Con estas designaciones —cerca de una veintena de juramentaciones— el gobierno busca consolidar su estructura operativa con perfiles técnicos orientados, según la administración, a mejorar la eficiencia institucional, racionalizar el gasto público y acelerar la ejecución de políticas públicas, en un escenario donde la presión por resultados inmediatos marcará el inicio de la nueva gestión gubernamental.
