TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La propuesta del Gobierno de utilizar recursos públicos para indemnizar a las personas que depositaron sus ahorros en la empresa Koriun Inversiones, ha sido duramente cuestionada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que advierte que esta acción podría constituir una grave ilegalidad.
Nelson Castañeda, director de Seguridad de la ASJ, declaró este viernes que dicha medida representa una forma directa de “malversación de caudales públicos” y pidió a los diputados del Congreso Nacional que no aprueben la iniciativa.
“Les va a estallar en la frente, es un delito a todas luces de malversación si llegan a aprobarlo”, enfatizó Castañeda durante su participación en un foro televisivo.
Castañeda también cuestionó la narrativa que presenta a los inversionistas como víctimas de estafa, y aseguró que se trató de personas que ingresaron voluntariamente a un esquema de inversión de alto riesgo.
“No son víctimas. No es estafa. Son personas que invirtieron sabiendo a qué se atenían, esperando ganancias del 20% mensual sin hacer nada. Es tiempo de dejar de romantizar el caso de Koriun”, afirmó.
El representante de ASJ advirtió que, de aprobarse el uso de fondos públicos para este caso, se estaría “abriendo una puerta tan grande” que podría desencadenar futuras demandas de otros inversionistas en esquemas similares, o incluso solicitudes de reembolso en casos donde haya vínculos con lavado de activos o crimen organizado.
“Esto puede convertirse en un precedente peligroso. Muchos harían el negocio del siglo: sacan un préstamo, lo colocan en este tipo de empresas, pagan intereses con lo ganado y luego reclaman al Estado cuando el sistema colapsa”, advirtió.
Castañeda también instó al Congreso Nacional a asumir su responsabilidad legislativa y modificar el Código Penal para endurecer las penas contra delitos financieros.
Además, pidió que se deje actuar a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), para que proceda con la liquidación ordenada conforme al marco legal.
El pronunciamiento de la ASJ se suma a las múltiples voces críticas que han surgido desde distintos sectores sociales, económicos y jurídicos ante la posibilidad de que el Estado asuma responsabilidades financieras derivadas del caso Koriun, una empresa no regulada actualmente bajo investigación por presunta captación ilegal de fondos.
