• Liliam Rivera advierte que las medidas extraordinarias del Ejecutivo envían una señal negativa sobre estabilidad, disciplina y transparencia en el cierre del año fiscal
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La directora de Gobernanza Económica de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Liliam Rivera, expresó su profunda preocupación por el decreto emitido por el Poder Ejecutivo que ordena medidas extraordinarias para incrementar la liquidez de la Tesorería General de la República, al considerar que la decisión envía una señal negativa sobre la estabilidad y transparencia de las finanzas públicas.
Rivera señaló que, a pocos días de concluir el año fiscal y en la recta final del actual período de gobierno, este tipo de disposiciones refuerzan la percepción de improvisación en el manejo fiscal, lejos de proyectar una administración ordenada, previsible y responsable de los recursos del Estado.
“Lejos de transmitir un mensaje de estabilidad y buena gestión, estas decisiones profundizan la percepción de opacidad y debilidad en la planificación fiscal, comprometiendo la sostenibilidad financiera del país”, afirmó la especialista.
Críticas a las prioridades del gasto público
Desde la ASJ, Rivera cuestionó que durante el presente año se hayan priorizado erogaciones asociadas —según indicó— a prácticas de clientelismo político, en detrimento de sectores estratégicos para el desarrollo nacional.
Entre los rubros señalados mencionó el incremento en sueldos y salarios, transferencias monetarias discrecionales, el crecimiento del gasto militar, así como altos montos destinados a publicidad y propaganda oficial.
Advirtió que estas decisiones se han tomado mientras salud y educación continúan enfrentando carencias estructurales, sin que exista una respuesta suficiente a las demandas urgentes de la población, lo que evidencia —dijo— una desconexión entre las prioridades del gasto y las necesidades reales del país.
Deuda flotante supera los L24 mil millones
Uno de los puntos más críticos expuestos por la directora de Gobernanza Económica es la acumulación de una deuda flotante superior a los 24 mil millones de lempiras en la administración central, cifra que —según detalló— duplica el promedio registrado entre 2019 y 2021.
De acuerdo con Rivera, este volumen de obligaciones pendientes refleja una débil disciplina fiscal, deteriora la confianza de proveedores y empleados públicos, y traslada una pesada carga financiera a la próxima administración, complicando el inicio de su gestión.
Llamado a disciplina y transparencia durante la transición
Ante este escenario, la ASJ hizo un llamado firme al gobierno para que, durante el período de transición, actúe con estricto apego a la legalidad, la disciplina fiscal y la transparencia, orientando la gestión de la Secretaría de Finanzas hacia una racionalización efectiva del gasto público.
Entre las prioridades que, según Rivera, deben atenderse de manera inequívoca se encuentran:
• El cumplimiento de las obligaciones laborales.
• La adquisición de suministros esenciales para garantizar la continuidad de los servicios básicos.
• La ejecución de proyectos en marcha con financiamiento debidamente asegurado.
• El servicio oportuno de la deuda pública.
Asimismo, urgió a prohibir la adquisición de nuevos compromisos que no cuenten con respaldo presupuestario y financiero, con el fin de evitar el crecimiento de nuevas obligaciones pendientes de pago.
Exigen un cierre ordenado de la gestión
La representante de la ASJ subrayó que las instituciones públicas deben registrar, documentar y transparentar todos los compromisos devengados, mantener actualizadas sus cuentas por pagar y rendir cuentas claras a la ciudadanía.
“Honduras necesita señales claras de prudencia, transparencia y respeto a la institucionalidad fiscal, no decisiones de último momento que profundicen la incertidumbre financiera y comprometan el futuro del país”, concluyó Rivera.
