TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) advirtió este martes que la débil capacidad de respuesta institucional del Estado ante los desafíos económicos ha profundizado la crisis en los hogares hondureños, donde seis de cada diez familias viven en condiciones de pobreza, y cuatro de ellas en extrema pobreza.
En la séptima edición de su serie Estado de país, centrada en economía y finanzas, la ASJ expuso que, a pesar de los discursos oficiales sobre inversión y crecimiento, los indicadores económicos muestran un país estancado, con un crecimiento del PIB de apenas 3.6 % en 2024 —el segundo más bajo en Centroamérica—, muy por debajo de lo necesario para generar empleo y reducir la pobreza.
Dependencia crítica de remesas y fragilidad externa
La economía hondureña sigue sostenida en gran medida por las remesas familiares, que alcanzaron los 9,743 millones de dólares en 2024, equivalentes al 26 % del PIB. Se estima que 2.7 millones de personas dependen directamente de estos ingresos, utilizados principalmente para alimentación, salud y educación.
Sin embargo, este pilar económico enfrenta amenazas: más de 261 mil hondureños podrían ser deportados desde EE. UU., y se discute la aplicación de un impuesto del 3.5 % a las remesas. Ambas medidas pondrían en riesgo la estabilidad de miles de hogares.
A la vez, las exportaciones cayeron un 2.7 % y el lempira ha sufrido una depreciación constante desde septiembre de 2024, encareciendo productos esenciales e impactando negativamente el pago de la deuda externa.
Inversión pública limitada y endeudamiento en aumento
ASJ cuestionó la ejecución presupuestaria en áreas clave del desarrollo. En 2024, solo se ejecutó el 47 % del presupuesto para infraestructura vial, 35 % en energía, 85 % en educación y 71 % en salud.
Mientras tanto, el endeudamiento externo sigue creciendo: entre 2022 y 2024, el país casi duplicó la contratación promedio anual de deuda respecto al período 2014-2021.
Inflación, empleo precario y desigualdad sin cambios
Honduras cerró 2024 con la inflación más alta de Centroamérica (3.88 %), y una canasta básica alimentaria que subió 1.5 % en el último año, y 31 % desde 2021. El alza en educación y salud agrava aún más la situación de las familias más vulnerables.
El empleo formal no muestra señales de recuperación: de los 85,878 nuevos ocupados, el 90 % se inserta en modalidades precarias como trabajo por cuenta propia o empleo no remunerado. El 28.7 % de los jóvenes no estudia ni trabaja, sumando casi un millón de personas desconectadas del sistema educativo y laboral.
En cuanto a la desigualdad, el informe revela que el 20 % de los hogares con mayores ingresos recibió 14 veces más que el 20 % más pobre, perpetuando una brecha estructural que frena la movilidad social.
Recomendaciones para una salida estructural
Ante este panorama, ASJ propone al gobierno hondureño articular una política económica integral basada en el fomento de la producción nacional, la diversificación de exportaciones y una mayor preparación ante los riesgos migratorios y comerciales externos.
Además, urge la firma de un pacto por el empleo digno, que promueva oportunidades laborales formales y respete los derechos de los trabajadores, así como el fortalecimiento de las instituciones públicas para garantizar eficiencia, transparencia y servicios de calidad.
“La situación demanda soluciones estructurales y consensos nacionales, no discursos. El bienestar de millones de hondureños depende de decisiones valientes y responsables”, concluye el informe.
