::: Las víctimas de extorsión han aumentado en 74,126 hogares, mientras las denuncias y detenciones han caído :::
::: De los 18 decretos del estado de excepción, sólo uno cumplió con los requisitos constitucionales de aprobación y publicación en tiempo y forma :::
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Tras dos años y 18 decretos, el estado de excepción ha sido aplicado ilegalmente y su efectividad no respalda la necesidad de extender la medida, señala un análisis de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), al tiempo que subraya que sólo uno de los 18 decretos ejecutivos promovidos en Consejo de Ministros, a través de los cuales se ha mantenido vigente, cumplió con los requisitos constitucionales en tiempo y forma para su aplicación.
Desde diciembre de 2022, mediante la aplicación de un estado de excepción, el gobierno busca frenar la extorsión; pero los resultados indican lo contrario. Según los datos del decreto ejecutivo PCM 03-2025 del 6 de enero de 2025, se han efectuado: 43,010 allanamientos de morada, 53,618 detenciones, 16,010 órdenes de captura, 8,059 vehículos y 45,033 motocicletas han sido decomisados. No obstante, la extorsión sigue golpeando a los hogares hondureños.
En 2022, un total de 226,262 hogares reportaron ser víctimas de extorsión; en 2023, la cifra aumentó a 286,533, y en 2024 alcanzó los 304,388 hogares afectados. Por otro lado, en ocho departamentos del país se registra un aumento en sus tasas de victimización. La mayor variación ocurrió en Intibucá, Choluteca y Atlántida.
En cuanto al Plan Antiextorsión del gobierno, expertos señalan que apenas cinco de las 30 acciones planteadas se pueden considerar cumplidas, demostrando con esto que no existe una verdadera voluntad política para ejecutar un trabajo integral y coordinado entre las diferentes instituciones del Estado que deberían priorizar sus acciones para unirse al combate contra la extorsión.
Por lo anterior, ASJ concluye que la medida, originalmente concebida como temporal en el marco del Plan Antiextorsión promovido por la presidenta Xiomara Castro, se ha extendido por más de dos años, volviéndose prácticamente permanente y perdiendo su efectividad.
El análisis de ASJ apunta además que las declaratorias de estado de excepción no cumplieron por completo con el proceso constitucional establecido, en algunos casos por falta de ratificación del decreto ejecutivo por parte del Congreso Nacional o porque esta excedió el tiempo establecido, y -por ende- no se publicó en La Gaceta. En consecuencia, sólo una de las 18 declaraciones del estado de excepción fue legal.
El estado de excepción también ha generado un retroceso en materia de derechos humanos, incrementando el riesgo de abusos por parte de las autoridades. La suspensión de derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso, ha permitido que fuerzas de seguridad ingresen a viviendas sin orden judicial y se realicen detenciones arbitrarias. Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), desde el 6 de diciembre de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2024, se han recibido 798 quejas por vulneraciones en el marco del estado de excepción.
A raíz de los resultados, ASJ insta al gobierno a replantear el Plan Antiextorsión mediante ajustes en la ejecución para generar resultados tangibles y disminuir el impacto negativo sobre la población. De igual forma, implementar una lucha integral y contundente contra la extorsión por medio de una estrategia que involucre a la Policía Nacional, fiscales, jueces, el sector financiero y la sociedad civil, garantizando al mismo tiempo el respeto de las garantías constitucionales.
Finalmente, recomienda revisar la vigencia del estado de excepción, pues su extensión, especialmente durante un año electoral, podría poner en riesgo la democracia y limitar libertades fundamentales como la de expresión y reunión, favoreciendo a ciertos sectores en detrimento de una participación política plural.
