TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Organizaciones de la sociedad civil critican las pretensiones desde el Congreso Nacional de la República de reactivar el cuestionado Fondo Departamental.
Con el nombre de Fondo de Ayuda Comunitaria, el oficialismo desde el Legislativo discutió como tema principal la reactivación del mismo durante una reunión de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), durante la semana pasada en Comayagua.
La situación ha generado malestar de diversos institutos políticos y organizaciones de la sociedad civil por considerarla como una piñata legislativa, donde los parlamentarios han destinado sus fondos para pagos personales.
Para el caso, el director de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Léster Ramírez, señaló que “abrir el debate de la reactivación del Fondo Departamental a dos meses de la elección de la Corte Suprema de Justicia obviamente genera suspicacia. Le pueden poner el nombre que quieran, le pueden poner las medidas de control desde el Congreso y siempre va a destinarse para el fracaso”.
Añadió que “históricamente, los Fondos Departamentales que han existido, además de la corrupción que han producido, también han servido para disciplinar a las facciones que están en lo interno de los partidos políticos, premiar a los que son considerados leales y castigar a los que no cooperan”.
Fuentes a lo interno de Libre aseguraron que ya fue negociada la entrega de un millón de lempiras para cada diputado oficialista por concepto del Fondo Departamental o de ayuda.
Cabe señalar que el Fondo Departamental que este gobierno nuevamente quiere aprobar con otro nombre, solo ha servido a lo largo de su historia para comprar voluntades, disciplinar, castigar y chantajear a los diputados, según criterio de diversos sectores.
Esta forma de entrega de dinero a los diputados, una iniciativa que se aprobó en el Poder Legislativo en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales (2006-2009), nunca ha gozado de buena reputación. Como se comprobó que el Fondo Departamental se volvió una fuente de corrupción en el Poder Legislativo, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) no solo pidió su eliminación, sino que llevó ante la justicia a varios diputados que utilizaron esos recursos para asuntos personales.
Hasta finales del gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), el Fondo Departamental lo manejó el presidente del Congreso Nacional, pero cuando asumió Juan Orlando Hernández, en enero de 2014, su distribución quedó a discreción del Ejecutivo.
Estudio de la ASJ reveló corrupción en Fondo Departamental
Un estudio realizado por la ASJ, devela el despilfarro de dinero que se dio entre los años 2007 y 2018, con estos fondos que fueron proporcionados a cientos de legisladores durante esos 11 años.
Durante ese tiempo el Congreso Nacional desembolso a los congresistas 2,340 millones de lempiras, sin embargo, solo la ínfima cantidad de un poco más de 62 millones, fue auditado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
En 2006 se creó el Fondo Especial para el Desarrollo Social con el 1% del monto asignado para los programas presupuestarios, con algunos ministerios excluidos.
Dos años más tarde, en 2008, el Congreso toma el control de este dinero y el Fondo Social de Planificación Departamental fue dotado de 450 millones de lempiras.
Para el 2011, el Fondo de Desarrollo Departamental pasa a ser controlado directamente por presidente del Poder Legislativo, en este caso Juan Orlando Hernández Alvarado.
Un nuevo reglamento de aplicación de los fondos se hizo oficial en 2012, en el que solo se benefició a los diputados del partido de gobierno, en este caso el Partido Nacional.
