- La organización presentó acción ante el Ministerio Público por autorizaciones irregulares, falta de consulta a pueblos garífunas y misquitos, opacidad en contratación y otorgamiento exprés de licencia ambiental para el polémico penal de máxima seguridad.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), mediante su Centro de Asistencia Legal Anticorrupción (ALAC), presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra funcionarios del Poder Ejecutivo por la promoción y autorización del proyecto de cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, una zona declarada área natural protegida.
La organización asegura que la iniciativa penitenciaria —impulsada en 2023 y 2024 dentro del plan de seguridad “Solución Contra el Crimen”— fue aprobada violando normativa ambiental, ignorando obligaciones de transparencia y sin realizar la consulta previa, libre e informada a las comunidades garífunas, misquitas y de Guanaja, como exige el derecho nacional e internacional.
“El proyecto vulneró leyes ambientales, omitió la consulta comunitaria e hizo uso de procedimientos opacos y contrarios a la ley”, señala el documento presentado.
PCM ejecutivos y licencias exprés
De acuerdo con la denuncia, los Decretos Ejecutivos PCM-28-2023, PCM-29-2023, PCM-18-2024 y PCM-190-2024 habilitaron contrataciones directas y procedimientos excepcionales, evitando controles institucionales y sin cumplir requisitos mínimos ambientales.
ASJ advierte que los estudios de viabilidad se realizaron en menos de una semana, sin rigor técnico, y que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) negó expedientes solicitados por ALAC, en aparente violación a la Ley de Acceso a la Información. Aun así, el 5 de julio de 2024 se otorgó licencia ambiental sin socialización ni consulta pública.
El proyecto atravesó tres licitaciones fallidas y posteriormente la información fue declarada en reserva por la Secretaría de Defensa, decisión que chocó con la resolución SO-314-2024 del IAIP que ordenó hacer públicos los documentos.
Comunidades no consultadas
La denuncia destaca que no se cumplió el deber de consulta previa establecido en el Convenio 169 de la OIT y otras normas internacionales.
El único cabildo abierto llevado a cabo —en Guanaja el 6 de marzo de 2024— reflejó un rechazo mayoritario al proyecto penitenciario.
Posibles violaciones constitucionales
ASJ fundamentó su denuncia en:
- Artículos 145 y 80 de la Constitución
- Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
- Convenio 169 de la OIT
- Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos
Estos instrumentos garantizan el derecho a un ambiente sano, acceso a información pública y participación ciudadana.
Piden frenar construcción y abrir investigación
La organización solicita al Ministerio Público:
- Admitir la denuncia e iniciar investigación de oficio
- Solicitar documentación a instituciones involucradas
- Revisar legalidad de los PCM ejecutivos emitidos
- Suspender cualquier avance de construcción en Islas del Cisne
ASJ subraya que el Estado tiene la obligación de actuar con legalidad y máxima transparencia en proyectos que afectan recursos naturales y derechos colectivos.
El caso vuelve a poner bajo la lupa las prácticas de contratación y gestión ambiental durante la ejecución de proyectos estratégicos del gobierno, así como la necesidad de garantizar respeto pleno al marco constitucional y a los compromisos internacionales de Honduras en materia de derechos humanos y protección de áreas protegidas.
