- La organización advierte que el bloqueo al TREP y la presión contra consejeras buscan romper el equilibrio de poder dentro del ente electoral y socavar la transparencia de las elecciones generales.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), capítulo hondureño de Transparencia Internacional, lanzó una severa advertencia sobre el estado del proceso electoral en Honduras, tras una serie de hechos que —según denunció— ponen en grave riesgo la democracia y la legitimidad de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre.
En un pronunciamiento público, la ASJ condenó enérgicamente los intentos de obstaculizar el proceso electoral, en especial las acciones recientes protagonizadas por colectivos del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), que impidieron la recepción de ofertas para el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en el Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Ninguna agrupación política puede ni debe recurrir a actos de presión, coacción o sabotaje que interfieran en el desarrollo normal del proceso electoral”, enfatizó la ASJ en su comunicado.
La organización advirtió que estos hechos, sumados a la denuncia interpuesta por el consejero Marlon Ochoa ante el Ministerio Público contra dos de las consejeras del CNE, forman parte de una estrategia más amplia para desestabilizar la institución electoral y facilitar el control total del proceso por parte de un solo partido.
El pronunciamiento rechaza categóricamente los intentos de debilitar al CNE desde dentro, presionando para que se emitan requerimientos fiscales contra las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall.
Según la ASJ, esta maniobra tendría como objetivo que sus suplentes —vinculados al oficialismo— asuman sus cargos, alterando así el balance de poder en el pleno.
“Esta estrategia colocaría al CNE bajo el control de un solo partido político, socavando su legitimidad y poniendo en riesgo la imparcialidad del proceso”, advirtió la organización.
La ASJ instó a la comunidad internacional, y en particular a la Organización de Estados Americanos (OEA), a mantenerse vigilante y pronunciarse con firmeza frente a cualquier intento de socavar la institucionalidad democrática en el país.
También exhortó al Fiscal General de la República a actuar con imparcialidad y no prestarse a presiones políticas: “La Fiscalía debe ser garante de la legalidad, no un instrumento para socavar la voluntad popular.”
Finalmente, la ASJ concluyó que la instrumentalización política del sistema electoral, la polarización y el debilitamiento institucional solo alimentan la desconfianza ciudadana y amenazan la estabilidad democrática del país.
“Honduras merece elecciones legítimas, transparentes y confiables. La voluntad del pueblo debe prevalecer: libre, informada y expresada en las urnas”, subrayó el comunicado.
