FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.
Ante el proceso de elección del nuevo Procurador General y Subprocurador General de la República, que será conocido este lunes por el Congreso Nacional (CN), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), destaca la relevancia de este proceso de elección en la defensa del interés público, la institucionalidad democrática y el Estado de derecho.
En ese sentido, la ASJ exhorta de manera expresa a los diputados y diputadas del CN, particularmente a las bancadas del Partido Nacional y Liberal, a actuar con responsabilidad histórica y a no repetir los errores del pasado sin dejar de lado que:
- La elección del Procurador y Subprocurador debe anteponer el interés superior del Estadopor encima de cuotas partidarias, acuerdos políticos o intereses particulares.
- Es imperativo que las personas postuladas cumplan plenamente con los requisitos constitucionales y legales, y que no registren antecedentes ni procesos judiciales que comprometan su honorabilidad, independencia o credibilidad pública.
- La experiencia reciente del país demuestra que las designaciones realizadas sin transparencia ni idoneidad debilitan las instituciones, erosionan la confianza ciudadana y exponen al Estado a graves riesgosjurídicos y económicos.
Asimismo, reiteró que, un principio básico e ineludible: lo que antes era malo, hoy sigue siendo malo. La legalidad, la transparencia y la idoneidad no dependen del momento político ni de quién ejerza el poder; son obligaciones permanentes del Estado y de quienes toman decisiones en su nombre.
La ASJ, señaló que, Honduras necesita avanzar en la reconstrucción de sus institucionessobre bases sólidas de respeto al Estado de derecho, transparencia, rendición de cuentas y compromiso genuino con el interés público. La elección del Procurador General y del Subprocurador General de la República representa una oportunidad para demostrar ese compromiso ante la ciudadanía.
Subrayó que, dará seguimiento cercano a este proceso y continuará señalando, con responsabilidad y firmeza, cualquier decisión que se aparte del marco constitucional y legal o que ponga en riesgo la institucionalidad del país.
Indicó que, la Procuraduría General de la República (PGR), es una institución de rango constitucional, encargada de la defensa jurídica del Estado y de la protección del interés público. La trascendencia de sus funciones exige que quienes la dirijan cuenten con la más alta idoneidad profesional, solvencia moral, independencia y credibilidadante la ciudadanía.
Igualmente, que la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República establecen requisitos claros y obligatoriospara optar a estos cargos. Dichos requisitos no son una formalidad ni una opción política, sino garantías esenciales para preservar la legitimidad, autonomía y eficacia de la institución, por lo que su cumplimiento estricto es una responsabilidad ineludible del Congreso Nacional.
