- Juan Carlos Aguilar advierte sobre el riesgo de que el proceso concluya sin llegar a juicio y pide una acusación sólida que permita esclarecer los hechos y deducir responsabilidades.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. —
La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) exigió que el requerimiento fiscal presentado contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros 12 diputados avance en los tribunales y no termine archivado en las primeras etapas del proceso judicial.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de la organización, manifestó su preocupación por la posibilidad de que el caso concluya con un sobreseimiento sin que los hechos denunciados sean esclarecidos y se determinen las responsabilidades que correspondan.
“Que no sea un requerimiento fiscal que se quede en audiencia inicial”, expresó Aguilar, al insistir en que el Ministerio Público debe presentar una acusación sólida, sustentada en pruebas y con una descripción clara de los hechos y los delitos atribuidos.
Piden investigar actuaciones de la Comisión Permanente
El representante de la ASJ consideró que las actuaciones de la Comisión Permanente del Congreso Nacional deben examinarse a la luz de la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la legislación electoral, para determinar si se vulneraron disposiciones legales.
Aguilar cuestionó tanto la instalación de ese órgano como el alcance de sus decisiones, al señalar que, a su juicio, un grupo reducido de diputados asumió atribuciones que correspondían al pleno legislativo y al Consejo Nacional Electoral (CNE).
No obstante, aclaró que no había tenido acceso al requerimiento fiscal completo, por lo que las posibles sanciones dependerán de los delitos que finalmente se acrediten y de lo que resuelvan los tribunales.
Explicó que, dependiendo de las figuras penales aplicables, una eventual condena podría incluir multas e inhabilitación para ejercer cargos públicos, con las consecuencias políticas y legales que establezca la sentencia.
ASJ recuerda denuncia por L825 millones
Aguilar también recordó una denuncia presentada por la organización ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), relacionada con 825 millones de lempiras en gastos del Congreso Nacional cuyo destino, según la denuncia, no podía rastrearse adecuadamente.
El representante de la sociedad civil insistió en que las instituciones competentes deben investigar el manejo de los recursos públicos, realizar las auditorías correspondientes y remitir al Ministerio Público los hallazgos que puedan constituir indicios de responsabilidad penal.
Asimismo, sostuvo que otras actuaciones de la legislatura anterior podrían ameritar revisión, aunque subrayó que cualquier responsabilidad debe establecerse mediante las investigaciones respectivas.
El reto: evitar que el caso se cierre prematuramente
El director de Democracia y Transparencia explicó que la audiencia inicial es una etapa clave del proceso penal, en la que el juez puede dictar distintas resoluciones conforme a los elementos presentados y los requisitos legales, entre ellas un sobreseimiento o un auto de formal procesamiento.
Si la causa continúa, puede avanzar hacia las etapas posteriores, incluido el juicio oral y público, hasta llegar a una sentencia.
Por ello, Aguilar señaló que el desafío para el Ministerio Público es construir una acusación consistente, sin vacíos que debiliten el caso ante los tribunales.
“Que no deje lugar a la interpretación, a los vacíos de la autoridad del Poder Judicial”, manifestó, al recalcar la importancia de que el proceso permita esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que legalmente correspondan.
