• Organización cuestiona entrega de fondos desde Casa de Gobierno y advierte opacidad en uso de recursos públicos
TEGUCIGALPA, HONDURAS. –
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) exigió este jueves la publicación del listado de diputados que habrían recibido transferencias de 100 mil lempiras desde Casa de Gobierno, en medio de cuestionamientos por el manejo de fondos públicos.
El director de Democracia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, condenó esta práctica al considerar que reproduce esquemas del pasado que fueron ampliamente criticados por la ciudadanía.
“Se trata de un grupo de diputados que recibió estos recursos en un momento en que las finanzas públicas atraviesan una situación compleja”, señaló.
Señalamientos por opacidad y contradicciones
Aguilar cuestionó que la entrega de estos fondos por parte del Ejecutivo a un grupo selecto de parlamentarios genera indignación y contradice el discurso oficial de austeridad.
“Este gobierno inició con un discurso de reducir el gasto corriente y de un manejo eficiente de los recursos, pero este tipo de dinámicas no abonan a ese planteamiento”, reprochó.
Asimismo, criticó lo que calificó como una incoherencia política, señalando que algunos diputados que hoy justifican estas transferencias en el pasado fueron férreos opositores de este tipo de prácticas.
“Existe cinismo en la forma en que algunos han intentado justificar estas acciones”, sostuvo.
Antecedentes y montos millonarios
El representante de sociedad civil también recordó que en el Congreso anterior se habrían erogado alrededor de 792 millones de lempiras en concepto de subvenciones a diputados afines, lo que —según indicó— evidencia que este tipo de prácticas no son nuevas en el país.
Exigen rendición de cuentas
La ASJ informó que ya solicitó formalmente a Casa Presidencial el listado de los parlamentarios beneficiados con el bono de 100 mil lempiras.
Aguilar advirtió que, de no recibir respuesta, acudirán a instancias como el Tribunal Superior de Cuentas para exigir informes de liquidación y la realización de auditorías.
“Si no hay transparencia, lo vamos a denunciar. Es necesario que se rindan cuentas claras sobre el uso de estos recursos”, concluyó.
El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el uso de fondos públicos y la coherencia entre el discurso político y la práctica en la administración estatal.
