TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Aunque se observa una reducción en los homicidios, la violencia y la inseguridad siguen profundamente arraigadas en la sociedad hondureña, llenando de luto y dolor a decenas de familias. Honduras sigue teniendo altas tasas de muertes violentas. En los primeros cinco meses de 2024 se registraron 11 masacres, 1,096 víctimas de violencia y de estas, 119 eran mujeres.
El clima de inseguridad persiste en medio del estado de excepción instaurado en el país y que volvió a ser extendido pese a sus escasos resultados. Más de 280 mil hogares hondureños siguen siendo víctimas de extorsión y apenas uno de cada 10 casos recibe sentencia condenatoria. Otra situación que genera especial preocupación es la desaparición de más de 200 personas en lo que va de 2024, según el Observatorio Nacional de Violencia del Instituto Universitario en Democracia Paz y Seguridad (IUDPAS). De estas, 30 fueron reportadas en junio, entre ellas 13 personas en Crique Las Marías, Tela, Atlántida; y cinco jóvenes que realizaban una mudanza en la colonia Mirador de Oriente de Tegucigalpa.
Ante la situación de violencia y privaciones ilegales de libertad de ciudadanos en el país, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), la Asociación Paz de Superación por Honduras (ASOPAZH); el Comité de Privados de Libertad de Gracias a Dios (COPRIGAD) y la Red de Asesores Legales por la Defensa de los Derechos Humanos (REALDH) se pronuncian en los siguientes términos:
- Nos solidarizamos con las familias de cada persona desaparecida en el país: hijos, madres, padres, esposos y esposas, hermanos y hermanas que han dejado un vacío irremplazable en sus hogares y en los corazones de sus seres queridos. Nos sumamos a su clamor por justicia y por una respuesta desde el Estado hondureño.
- Alarma el estado de excepción vigente desde hace más de 18 meses, medida que se ha desnaturalizado, es ilegal por su falta de ratificación y publicación conforme a la Constitución de la República y otorga poderes a la Policía Nacional y fuerzas militares para realizar detenciones y allanamientos sin órdenes judiciales, y otras suspensiones de derechos y garantías constitucionales impulsa graves violaciones de derechos humanos. Esta y otras estrategias adoptadas por el gobierno han demostrado hasta ahora no rendir los frutos esperados.
- Se requieren acciones inmediatas, a corto y mediano plazo, para fortalecer el sistema de investigación y justicia criminal, y responder ante la situación que aqueja a nuestra nación. Pero, sobre todo, una política de seguridad eficiente y sostenible, construida bajo la colaboración de diferentes sectores del país, incluyendo la participación activa de la sociedad civil, empresa privada, academia y expertos en seguridad.
- Hacemos un llamado urgente al gobierno hondureño para que adopte con determinación y con una verdadera voluntad política medidas integrales y efectivas para abordar la violencia y la criminalidad, protegiendo los derechos humanos y promoviendo el desarrollo social y económico inclusivo para asegurar un futuro más seguro y justo para todos los hondureños.
Desde la sociedad civil organizada reafirmamos nuestro compromiso para continuar monitoreando responsablemente los avances en las acciones gubernamentales encaminadas a garantizar la seguridad y bienestar de la ciudadanía y atender a las solicitudes de las diferente instancias del gobierno que abran sus puertas para proponer iniciativas y recomendaciones que abonen en las acciones, estrategias y políticas que se implementen, para recuperar la paz en el país y principalmente el acceso a la justicia para los más vulnerables.
