TEGUCIGALPA, HONDURAS.
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) expresó en las últimas horas su profunda preocupación ante el uso indebido de uniformes policiales en actividades delictivas, lo que ha generado una serie de incidentes violentos en varias ciudades del país.
A través de un comunicado público, la ASJ subrayó la creciente participación de individuos vestidos con uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y Policía Militar en actos criminales, perpetrando asesinatos y robos con armas de grueso calibre. Esta situación, evidenciada por al menos cuatro incidentes violentos entre febrero y abril de 2024 en Tegucigalpa y San Pedro Sula, ha dejado un saldo de al menos cinco fallecidos.
Además, la ASJ señaló casos de policías y agentes implicados en extorsión, secuestro agravado, robo y asociación para delinquir, lo que ha socavado la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. En este contexto, el estado de excepción vigente ha permitido un aumento de la operatividad de las autoridades, pero también ha resultado en un debilitamiento del debido proceso.
Ante esta problemática, la ASJ instó a las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público a tomar medidas contundentes para evitar que las indumentarias oficiales caigan en manos de grupos criminales. Propusieron reforzar los controles internos de todas las unidades para prevenir la sustracción de uniformes y armas, así como sancionar severamente a los responsables.
La organización enfatizó la necesidad de implementar estrategias integrales que permitan a los ciudadanos identificar claramente a los oficiales mediante placas, gafetes o fichas visibles. Asimismo, sugirieron el uso de cámaras corporales y en vehículos para mejorar la transparencia y documentar las acciones de los oficiales.
Finalmente, la ASJ llamó a promover campañas educativas periódicas para informar a la población sobre la correcta identificación de los oficiales de seguridad y los procedimientos a seguir al interactuar con ellos. También destacaron la urgente necesidad de establecer un registro eficiente del armamento oficial, con sistemas de identificación de casquillos percutados para rastrear el uso indebido de armas en escenas del crimen.
La implementación de estas medidas, concluyó la organización, es esencial para restaurar la confianza pública en las autoridades y garantizar que las fuerzas de seguridad cumplan su deber de servir y proteger a la ciudadanía, en lugar de facilitar actividades criminales en el país.
