• De concretarse, la reducción de USD 350 millones asignados a programas de USAID para 2025 afectaría programas de agricultura y salud, entre otros, principalmente en las zonas más pobres del país.
• Un recorte en los fondos destinados a la lucha contra las drogas podría debilitar los esfuerzos de seguridad en el país.
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
En solo cinco días, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, asumirá su segundo mandato con un enfoque enérgico en políticas migratorias y comerciales que podrían tener consecuencias profundas en Honduras y la región, sin que hasta el momento el gobierno de Xiomara Castro haya anunciado estrategias para mitigar el impacto de las medidas anunciadas, advirtió este miércoles la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Desde hace dos meses, el presidente Trump ha delineado varias acciones prioritarias que, de concretarse, podrían transformar el panorama económico, social y psicológico de los hondureños y hondureñas. Aunque no todas sus medidas podrían materializarse, incluso la implementación parcial de estas tendría un impacto significativo en el país.
Una de las medidas anunciadas es la deportación de 11 millones de inmigrantes indocumentados en los próximos cuatro años, con una meta inicial de un millón en el primer año, bajo la dirección de Tom Holman, «zar» de la frontera. Esto incluye deportar a 100,000 personas mensualmente, priorizando a quienes tienen antecedentes legales. Honduras, como país receptor de deportados, podría ver un aumento considerable en el número de retornados, estimado en al menos 120,000 durante el primer año.
Esto generaría una caída en las remesas, que equivalen al 26 % del PIB de Honduras, es decir, USD 8,946.3 millones. En tal sentido, la deportación de 120,000 hondureños podría reducir las remesas en un 10 %. Una proyección conservadora con una reducción de 20% en las remesas, implicaría una disminución de USD 1,789 millones, casi la mitad de las exportaciones de las maquilas hacia EE. UU.
Sumado a esto, el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 55,000 hondureños expirará el 5 de julio de 2025, sin intención de renovación por parte de Trump. Esto los convertiría en objetivos fáciles para deportación, exacerbando el impacto en las remesas.
Por otro lado, el presidente Trump ha amenazado con imponer aranceles del 25 % a productos provenientes de países que no controlen el flujo de drogas e inmigración. Honduras, cuyo 51 % de exportaciones van hacia EE. UU. (USD 5,818 millones en 2023), podría enfrentar una crisis comercial que afectaría sectores clave como maquilas, café y otras exportaciones.
Hasta la fecha, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro no ha presentado un plan claro para mitigar los efectos de estas políticas. Aunque en una cadena nacional del 1 de enero mencionó la posibilidad de cerrar la base militar estadounidense en Palmerola como respuesta a las deportaciones masivas, esta acción ha sido catalogada más como amenaza que estrategia viable.
Ante las inminentes acciones del gobierno estadounidense, la prevención y la preparación son clave para salvaguardar el bienestar de los hondureños en el país y en el extranjero, por lo que la Asociación para una Sociedad más Justa insta al gobierno hondureño a convocar a los diversos sectores de la sociedad para desarrollar una estrategia integral. Es fundamental trabajar en conjunto para proteger los intereses de Honduras, así como buscar soluciones que promuevan la estabilidad económica y social en el país.
