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martes, enero 20, 2026

Asociación de Fiscales rechaza intromisión política que contrario a fortalecer la institución, le causará un daño irreparable

TEGUCIGALPA, HONDURAS.

La Asociación de Fiscales de Honduras expresó este lunes su rechazo a cualquier intento de nombrar una junta interventora o de transición, así como cualquier otro procedimiento que atente contra el mandato constitucional otorgado al Legislativo para elegir a las autoridades del Ministerio Público.

Mediante un pronunciamiento, la asociación de fiscales refirió que un procedimiento que atente contra el mandato constitucional otorgado al Congreso Nacional “constituyen una clara intromisión política, que contrario a fortalecer la institución, le causará un daño irreparable”.

Además, advierte que “sin duda su autoridad y legitimidad será desconocida por los fiscales y demás empleados del Ministerio Público”.

Los fiscales recuerdan que el PM es una institución independiente de los poderes del Estado y apolítica, por lo que urge a la clase política del país a que construya acuerdos que permitan la elección del Fiscal General y Fiscal General Adjunto, sin mayor dilación.

“Hemos expresado desde el inicio del proceso, la necesidad de que las actuales autoridades del Ministerio Público concluyeran su función en el tiempo constitucionalmente previsto”, indica la asociación tras lamentar que esto no haya ocurrido.

En tal sentido, al no existir consenso, los fiscales puntualizan que “debe aplicarse la norma complementaria como es la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 80, que prevé la continuación de los actuales titulares del Ministerio Público hasta no ser elegidos el nuevo Fiscal General y Fiscal General Adjunto”.

Continúa el pronunciamiento explicando que “si estos no quisieran continuar en el cargo, la Ley Orgánica del Ministerio Público, previene un procedimiento de sustitución en su artículo 18, en el cual se determina que a falta de los titulares de nuestra institución, asume el Director de Fiscales.

Para la asociación de fiscales, si bien, “no es lo óptimo”, sin embargo, “es lo que marca la legalidad vigente en el país, lo cual debe respetarse si realmente nos preciamos de ser un Estado de Derecho”.

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