• El abogado sostiene que la acción legal se fundamenta en el artículo 275 del Código Procesal Penal y no implica “aceptación tácita” de los audios filtrados
TEGUCIGALPA, HONDURAS.
El abogado Dagoberto Aspra aclaró que la querella presentada contra el fiscal general, Johel Zelaya, se basa exclusivamente en el incumplimiento de sus deberes como funcionario público, y no en la aceptación de los polémicos audios presentados por Marlon Ochoa contra la consejera Cossette López, el diputado Tomás Zambrano y un militar activo de las Fuerzas Armadas.
A través de una publicación en su cuenta oficial, Aspra desmintió versiones que señalan que la acción legal supone una admisión tácita de dichos materiales.
“La ignorancia es atrevida. La querella contra @johelzelaya se sustenta por el incumplimiento de sus deberes como fiscal general bajo obligación de cumplimiento del artículo 275 del Código Procesal Penal. Que hay aceptación tácita de audios por interponer esta querella, dicen… lean”, escribió el abogado.
Según explicó, la acusación se ampara en el artículo 275 del Código Procesal Penal, que establece la responsabilidad penal para los funcionarios que omiten o incumplen las obligaciones inherentes a su cargo.
Aspra remarcó que su querella no tiene relación con los audios que han sido objeto de controversia en las últimas semanas, en los que se señalan presuntos actos irregulares en distintas instituciones del Estado.
El abogado insistió en que su acción responde a una “violación directa del deber de actuación del fiscal general”, quien –según Aspra– habría incumplido obligaciones establecidas en la ley procesal penal hondureña.
Contexto político y judicial
La querella contra Johel Zelaya se da en un momento de alta tensión institucional, cuando el Ministerio Público se encuentra bajo la lupa de la opinión pública por la gestión de varios casos de alto impacto.
Diversos sectores han cuestionado el papel del fiscal general en medio de las investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción y la crisis política que rodea al proceso electoral de 2025.
Mientras tanto, Aspra subrayó que su denuncia busca sentar un precedente de responsabilidad y cumplimiento de la ley, recordando que “nadie está por encima del marco jurídico, mucho menos quienes están llamados a hacerlo cumplir”.
El abogado no detalló mayores aspectos de la querella, pero reiteró que la misma fue presentada conforme a los procedimientos establecidos y que se trata de una acción estrictamente legal, no política.
Con esta aclaración, Aspra busca desmarcar su iniciativa de cualquier interpretación mediática o partidaria, subrayando que la base de la acusación es el incumplimiento de deberes previsto en la legislación penal hondureña.
