TEGUCIGALPA, HONDURAS.
Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), reportan la captura de al menos trece personas por el desvío de unos 80 millones de lempiras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Los detenidos serían en su mayoría catedráticos miembros del Sindicato de Docentes de la UNAH (Sidunah), entre ellos: Germán Ubaldo Flores Matamoros, juez ejecutor nominado por la Sala de lo Constitucional para ejecutar un fallo judicial; Carlos Manuel Moreno Lizardo, presidente del Sindicato; Ena Yolanda Figueroa, vicepresidenta; Andrés Donaldo Mendoza Rojas, miembro de la junta directiva; José Expectación Almendares Lizardo, apoderado legal de Carlos Moreno.
Además, Jesús Antonio Ferrera Matute, exapoderado legal del Sidunah; Óscar Danilo González Rosales, firma autorizada en las cuentas bancarias donde se acreditó una parte de los fondos supuestamente malversados; Roberta Dolores Martínez Amador y Luis Roberto Palomo Martínez.
También Eduardo José Macías Moreno, sobrino de Carlos Moreno; Yuni Maribel Gómez, José Luis Umanzor y Rina Isabel González Martínez.
Uso de recursos de la UNAH
Según el comunicado del Ministerio Público (MP), los imputados formaron “parte de una estructura que desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la máxima casa de estudios”.
Para ello ejecutaron “un fraude a través de resoluciones arbitrarias, cuyos fondos posteriormente fueron a parar a cuentas personales”.
El conflicto entre el Sidunah y la UNAH inició el 5 de abril del año 2013. El abogado Jesús Ferrera presentó ante la Secretaría General de la UNAH una solicitud para que se acreditara a la organización, el 1% de los salarios de todos los docentes de la Universidad, unos 3,000 de acuerdo a publicaciones de la entidad.
No obstante, según la UNAH, en diferentes momentos la membresía del Sidunah ha sido de entre 80 y 186 miembros, por lo que no estaban facultados para hacer deducciones a todos.
La situación escaló a una demanda en los tribunales. La Sala de lo Constitucional nombró al juez Flores Matamoros para ejecutar un fallo que resultó en tres embargos entre los años 2019 y 2023: dos de 40 millones de lempiras y uno de 33 millones, totalizando 113 millones.
Sin embargo, según la investigación del MP, el juez se excedió en sus funciones al favorecer a un sindicato que no cumplía con lo establecido por la ley.
En febrero de este año el rector Odir Fernández, se reunió con el fiscal general Johel Zelaya, para denunciar específicamente al juez Flores Matamoros.
Sobre los demás imputados ya existían indagaciones por el supuesto desvío de los recursos, según el MP.
