La extorsión parece estar aumentando en Honduras a medida que las pandillas más pequeñas llenan el vacío que han dejado los grupos más grandes en su retirada estratégica de esta economía criminal. Al mismo tiempo, los arrestos por extorsión están disminuyendo, lo que indica una creciente impunidad para esta actividad criminal depredadora.
Más de 300.000 hogares informaron que pagaron extorsión a uno o más grupos criminales en Honduras durante 2024, según un nuevo informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), una organización no gubernamental. Los resultados corresponden a una tasa nacional de victimización del 11,6%, frente al 9% en 2022.
Este es el cuarto estudio sobre extorsión realizado por la organización en los últimos dos años, durante los cuales el gobierno hondureño ha aplicado un régimen de excepción destinado a hacer frente a este delito. Las respuestas de alrededor de 1.000 personas encuestadas han mostrado una tendencia constante al alza en el número de hogares hondureños que pagan extorsiones, con tasas elevadas tanto en departamentos urbanos como rurales.
Aunque la ASJ registró un aumento de las extorsiones en su encuesta no oficial, las denuncias formales presentadas ante las autoridades cayeron de 942 en 2023 a 484 en los nueve primeros meses del año, según datos del Ministerio de Seguridad.
Además, el número de detenidos por delitos relacionados con la extorsión cayó un 38%, a 175, durante el mismo periodo, según datos del Ministerio de Seguridad.
Análisis de InSight Crime
Los últimos datos de Honduras reflejan cambios significativos en la dinámica de la extorsión. Aunque los grupos más grandes parecen estar retirándose de la economía criminal, las pandillas más pequeñas están ocupando su lugar, ya que las medidas del gobierno no logran solucionar el problema.
Según los expertos, la mayor pandilla de Honduras, la MS13, dejó de extorsionar en gran medida antes de que el gobierno impusiera el régimen de excepción.
El distanciamiento de la MS13 de la extorsión en Honduras se detectó por primera vez en 2017, después de que eximieran a las pequeñas empresas en territorios bajo su control de realizar pagos de extorsión, según Douglas Farah, presidente de IBI Consultants.
En 2020, la MS13 también dejó de extorsionar al sector del transporte, según ASJ. En una comunidad, miembros del grupo publicaron una lista de personas a las que habían agraviado, pidieron perdón y afirmaron que “Dios les ha tocado el corazón”.
Pero los expertos en seguridad consultados por InSight Crime sugirieron que esta tendencia de la MS13 a dejar de lado la extorsión se debió principalmente a la creciente participación de la pandilla en economías criminales más lucrativas.
“La MS13 se ve a sí misma como un cartel y quiere jugar en las grandes ligas”, dijo Farah a InSight Crime. “Dejar de extorsionar fue transformador para la legitimidad del grupo en las comunidades que controlan. Calcularon que podían renunciar a los beneficios de la extorsión”, a cambio de ingresos por una mayor participación en las redes de distribución y tráfico de drogas.
Sin embargo, cuando la MS13 dejó de extorsionar, “dos o tres estructuras vinieron a cobrar en su lugar”, dijo a InSight Crime Wilmer Calix, líder de transporte urbano. “Estas son estructuras nuevas o algunas viejas, pero no hay una investigación en el país porque no se llega a quienes están detrás de estas estructuras”.
También hay indicios de que la segunda mayor pandilla del país, Barrio 18, podría estar retirándose de la extorsión en el sector del transporte, según expertos en seguridad consultados por InSight Crime.
Las empresas de transporte con rutas que atraviesan zonas controladas por clicas específicas de la pandilla ya no están pagando al grupo, según Calix, aunque muchos grupos de transporte siguen pagando extorsiones al Barrio 18, al igual que las comunidades bajo el control de la pandilla.
Y aunque la extorsión cesó en algunos lugares, se recrudeció rápidamente en otros. “La extorsión viene mutando”, afirma Calix. “Están en todo el país”.
Los altos niveles de impunidad significan que no hay mucho que disuada a los extorsionistas y que los grupos criminales se han infiltrado en los grupos de transporte, las fuerzas de seguridad y los jueces, añadió Calix.
En octubre, los fiscales hondureños acusarona uno de los principales jueces contra el crimen organizado del país, Marco Antonio Vallecillo, de extorsión. Un caso anterior de 2020, investigado por la ASJ, descubrió que el chofer de un juez anti-extorsión utilizaba un vehículo oficial del Estado y un arma de fuego para llevar a cabo extorsiones en su tiempo libre en nombre de Los Benjamines, una conocida pandilla de Tegucigalpa.
Pamala Ruiz, experta en seguridad de Centroamérica, dijo a InSight Crime que la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad había alimentado la desconfianza generalizada en las instituciones policiales, complicando la respuesta del Estado a la extorsión.
«Hay un montón de diferentes actores llevando a cabo extorsiones», incluyendo oficiales de policía corruptos, dijo Ruiz. «Pero no hay investigaciones sólidas, por lo que sigue habiendo dudas sobre quién está exactamente detrás de las extorsiones».
Ruiz añadió que, aunque el régimen de excepción de Honduras otorgaba a la policía poderes discrecionales para realizar detenciones, las medidas eran ineficaces para hacer frente a la extorsión porque las fuerzas de seguridad carecían de la capacidad de investigación necesaria para identificar a los grupos criminales implicados en la extorsión o judicializarlos con éxito.
Una investigación realizada por ASJ en 2023 llegó a la misma conclusión. De las 8.000 detenciones anunciadas como parte de la “guerra contra la extorsión” del gobierno, solo 86 casos fueron procesados ante tribunales de extorsión.
