SAN PEDRO SULA, HONDURAS.
La Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de los Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ), obtuvo auto de formal de procesamiento contra el agente de policía, Exequiel Martínez Vásquez, acusado del delito de violación de los deberes de los funcionarios por no remitir al Ministerio público a una ciudadana de origen norteamericana que intentaba sacar del país 20 mil dólares en efectivo.
Según la investigación de fiscales del Circuito Anticorrupción, el hecho ocurrió el pasado 15 de enero de 2019, cuando el agente de policía de fronteras junto al personal de la División de Seguridad Aeroportuaria (DSA) en el punto de inspección de rayos x del aeropuerto internacional detectaron que la pasajera transportaba una cantidad significativa de dinero en efectivo, excediendo el límite permitido por la normativa vigente sin la debida declaración aduanera.
Es preciso resaltar que, a pesar que la mujer fue detenida inicialmente en el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, el oficial Martínez Vásquez no procedió a remitirla al Ministerio Público para la correspondiente investigación, lo que permitió que la pasajera continuara su viaje hacia Estados Unidos.
La Ley estipula que toda persona nacional o extranjera que entre o salga del país, a través de las aduanas aéreas, marítimas y terrestres, está obligada a presentar una declaración en la que notifique si transporta o no la cantidad igual o superior a 10 mil dólares o su equivalente en moneda nacional o extranjera.
En el caso de no mostrar la procedencia de los valores transportados, la autoridad competente (Policía o Dirección de Lucha contra el Narcotráfico) levantará un acta donde constará el hecho y la cantidad de dinero que el viajero transporta para que se imponga una sanción administrativa o en su defecto, se inicie una investigación para que determine la procedencia de los fondos y descarte posibles actividades ilícitas, como el lavado de dinero.
El Juzgado en Materia de Corrupción y Criminalidad Organizada dictó medidas distintas a la detención judicial, debiéndose obligar al imputado a presentarse periódicamente a los Juzgados de Choloma. La audiencia preliminar fue programada para el miércoles 18 de septiembre a las 9:00am.
El Ministerio Público reitera su compromiso con la transparencia y la justicia, asegurando que todos los funcionarios públicos cumplan con sus responsabilidades y se adhieran a la ley.
